Banmédica y VidaTres presentan demanda contra el Estado
Banmédica y VidaTres inician acción legal contra el Estado
Las compañías Banmédica y VidaTres interpusieron una demanda de compensación económica contra el Fisco de Chile, solicitando el pago de una indemnización que asciende a $25.379 millones. Esta medida se suma a la iniciativa judicial previamente emprendida por Consalud y Colmena.
Para ambas isapres controladas por UnitedHealth Group, la aplicación de la Ley N° 21.247, aprobada en julio de 2020, representa una carga económica injustificada que afecta severamente su patrimonio, según argumentan.
Adicionalmente, CGE ha decidido iniciar un procedimiento para buscar compensaciones a los clientes afectados por cortes de suministro eléctrico en el último tiempo.
En la demanda presentada, Banmédica y VidaTres señalan que la nueva licencia médica preventiva parental, establecida por la Ley N° 21.247, impone un costo que debe ser asumido íntegramente por las isapres, sin posibilidad de ajustar los precios de sus contratos de salud para compensar estos gastos adicionales.
Por su parte, VidaTres sostiene que la no indemnización adecuada ante la expropiación generada por esta situación representa un desconocimiento del ordenamiento institucional vigente.
Derechos fundamentales en juego
Las isapres afirman que las acciones del Estado han vulnerado el principio de seguridad jurídica al introducir cargas inesperadas que perturban el equilibrio de los contratos de salud previsional. Consideran que estas decisiones legislativas y administrativas no son proporcionadas ni acordes a los principios constitucionales que deben regir la actuación estatal.
La presentación de las demandas se realizó el 17 de julio, y el Consejo de Defensa del Estado presentó excepciones dilatorias el 18 de agosto. Las acciones judiciales están en proceso en los juzgados civiles de Santiago.
Repercusiones económicas y legales
Según Banmédica, la imposición de la Ley N° 21.247 y sus circulares asociadas ha producido una alteración significativa en la determinación de riesgos contemplada al momento de establecer contratos y tarifas.
Por otro lado, VidaTres argumenta que la obligación de asumir el costo de la licencia médica preventiva parental, sin la posibilidad de ajustar los precios, ha derivado en una expropiación indirecta de sus recursos.
ffp Las compañías explican que las medidas adoptadas han afectado su capacidad operativa y financiera de manera injustificada, alterando el marco normativo bajo el cual operan.
Análisis adicional sobre el conflicto
Es crucial analizar cómo la ley y las decisiones del Estado han impactado negativamente la estructura financiera y operativa de las isapres, generando un desequilibrio grave en sus contratos de salud previsional.
En conclusión, las demandas presentadas por Banmédica y VidaTres subrayan la responsabilidad del Estado en los perjuicios ocasionados, evidenciando la necesidad de resarcir de manera adecuada los daños causados a las empresas afectadas.