Ley de igualdad y reformas en el sistema de justicia

Estimado Director:

En su más reciente informe público, el Presidente anunció una modificación importante a la normativa 20.609 (conocida como la “Ley Zamudio”), reconociendo la necesidad de abordar la discriminación, la cual se define como “una vulneración de los derechos humanos que una República democrática no puede tolerar”.

En la actualidad, menos del 10% de los casos de discriminación han sido admitidos, y más de la mitad no han obtenido una sentencia de fondo. La agravante penal, por otro lado, rara vez se aplica en los procesos judiciales. Esto resalta la importancia de revisar el procedimiento actual, el cual parece ser un obstáculo y no estar alineado con los estándares de otros países.

Por ejemplo, las directrices del Consejo de Europa sobre igualdad racial o en el ámbito laboral sugieren que los juicios incluyan la participación de organizaciones civiles que representen a las víctimas o grupos discriminados. Igualmente, proponen reglas específicas sobre la carga de la prueba, la protección de los denunciantes y la imposición de sanciones adecuadas, entre otros aspectos. Lamentablemente, ninguna de estas recomendaciones está contemplada en la legislación vigente, aunque son abordadas por el proyecto de reforma (boletín N°12.748-17), que lleva meses esperando la conformación de una comisión mixta tras ser rechazado por la Cámara de Diputados.

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Más información sobre la Ley Zamudio se encuentra más adelante.

Independientemente de que el proyecto pueda ser mejorado, es fundamental recordar su relevancia y urgencia. Resulta crucial que esta iniciativa no quede en el olvido y continúe su curso, con el objetivo de elevar las expectativas de justicia que tanto anhelan las víctimas de discriminación y nuestra sociedad en general.

Gaspar Jenkins

Centro de Justicia Constitucional, UDD