Pablo eguiguren y aumento en tarifas de aseguradoras de salud
Aumento en tarifas de aseguradoras de salud y la situación financiera del sector
En el contexto de la discusión sobre la Ley Corta de Isapres, se planteó la idea de que las propias aseguradoras de salud debían resolver su situación sin depender de nuevas normativas, sin considerar las graves consecuencias que tendría su colapso en el sistema de salud.
Los informes financieros revelados por la Superintendencia de Salud en los primeros meses de este año muestran que las Isapres abiertas sufrieron pérdidas cercanas a los $81 mil millones, cifra casi duplicada en comparación con resultados anteriores. También se suma a esta complicada situación la intención de una importante empresa de salud de abandonar el país, afectando a casi un tercio de los beneficiarios del sistema. Además, las aseguradoras aún deben restituir a sus afiliados montos cobrados de manera excesiva, cifras que superan por cuatro veces el patrimonio de las compañías.
Ante este escenario, los ajustes en las tarifas que experimentarán muchos afiliados a partir de este mes, en cumplimiento de la obligación de cotizar un 7% de sus ingresos, y las reducciones que beneficiarán principalmente a mujeres y adultos mayores, no serán suficientes para estabilizar la economía del sector. Se prevé la aplicación de aumentos extraordinarios en los costos, contemplados en la mencionada Ley Corta, que serán anunciados en el próximo noviembre.
Toda esta situación representa un desafío para los afiliados, resultado de decisiones judiciales controvertidas y de la elección del gobierno, que optó por este camino a pesar de contar con alternativas menos gravosas. Actualmente, las aseguradoras de salud no pueden sostenerse en pérdidas de manera indefinida, y para los afiliados, buscar atención en el sistema público no es una opción deseable para los más de 2,5 millones en espera.
Impactos de las decisiones gubernamentales en el sector de la salud
La compleja problemática financiera en el ámbito de las aseguradoras de salud ha generado debates en torno a la necesidad de intervención estatal. Los reportes económicos presentados recientemente por la Superintendencia de Salud ponen en evidencia el deterioro de la situación de las Isapres abiertas, con pérdidas significativas y la inminente salida de una gran empresa del mercado nacional. La obligación de devolver montos excesivos cobrados a los afiliados también agrega presión a la industria.
Ante el escenario actual, los ajustes tarifarios implementados, obligatorios para muchos afiliados, y las reducciones dirigidas a ciertos grupos específicos, no serán suficientes para restablecer la estabilidad financiera del sector. Se proyectan aumentos adicionales en los precios, previstos en la normativa vigente, los cuales serán comunicados próximamente.
Esta situación, derivada de fallos judiciales controvertidos y de decisiones gubernamentales cuestionadas, plantea un desafío tanto para las aseguradoras como para los afiliados. La sostenibilidad a largo plazo es un tema crucial, y la posibilidad de acceder al sistema de salud público no satisface las necesidades de una gran cantidad de personas en espera de atención médica.