Magdalena Merbilháa y la problemática de la violencia el 11 de septiembre
La problemática de la violencia en Chile
En la sociedad chilena, la desigualdad frente a la ley es una realidad palpable. Esta desigualdad no favorece a los poderosos, sino a aquellos que recurren a la violencia como medio de expresión. Algunos individuos, amparados en su supuesto “derecho” a manifestarse, utilizan la violencia para vandalizar tanto propiedades públicas como privadas. Este ejercicio del derecho de manifestación por parte de unos pocos prevalece sobre el derecho a la propiedad y la integridad física de los demás. Este grupo parece tener un “Derecho a la Violencia” que les permite imponer su voluntad sobre los demás. Se espera que la población en general se resguarde temprano para que aquellos que consideran legítimo el acto de romper, quemar y destruir tengan vía libre. Las escuelas suspenden clases en aras de la supuesta libertad de los violentistas, que parece estar por encima del derecho a la educación de los demás. Estos individuos violentos se encuentran protegidos por un velo de impunidad y reciben tratos especiales por parte del Estado. Aquello que constituye un delito para la mayoría de la población deja de serlo en su caso, ya que en los llamados “días de furia” como el “día del joven combatiente” y el “11 de septiembre” parecen estar exentos de responsabilidad penal, pues se argumenta que no son capaces de comprender la ilicitud de sus acciones.
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La violencia como herramienta política
Existe un sector de la sociedad que considera legítimo el uso de la violencia como medio para hacer política. Estos individuos, ya sea identificados como la “ultra izquierda” o la “izquierda radical”, en el fondo adoptan posturas comunistas impregnadas de leninismo. Este grupo incluye a los ortodoxos que se identifican abiertamente como comunistas y a los “camuflados” que siguen ideales marxistas leninistas bajo diferentes nombres. Incluso aquellos que en su denominación o ideología incluyen la palabra “democrático” o “democracia”, parecen ignorar que la democracia, desde sus inicios a finales del siglo XVIII, excluye la violencia como herramienta política. Al reemplazar la violencia históricamente utilizada para resolver conflictos por el voto, validar la violencia los convierte en antagónicos a los principios democráticos.
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Perpetuación del conflicto y privilegios
Los recurrentes episodios de violencia impune en Chile evidencian la existencia de un grupo que no busca la reconciliación nacional, sino que se beneficia de mantener las heridas abiertas para justificar sus acciones políticas. Estos individuos se sitúan por encima del bien y del mal, reclamando derechos que el resto de la comunidad no posee. Son considerados los privilegiados, protegidos ante la violencia, e incluso son premiados por el gobierno que, paradójicamente, llegó al poder fomentando y utilizando la violencia. En estos casos, el gobierno llega a indultar a estos individuos y les concede pensiones de gracia como muestra de agradecimiento por sus favores. Mientras tanto, el ciudadano honesto y trabajador, que paga impuestos y cumple con las regulaciones para ejercer su comercio, se ve en la angustiosa situación de temer ser saqueado o incendiado durante manifestaciones o disturbios. En los “días de furia”, todo parece permitido para aquellos jóvenes idealistas.
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Conclusión y llamado a la igualdad ante la ley
Cada 11 de septiembre en Chile, la repetición de la violencia desvirtúa cualquier intento democrático. Las medidas de precaución se hacen imperativas para proteger a los trabajadores de posibles actos violentos. Mientras los ciudadanos pacíficos se resguardan, aquellos que provocan caos y desorden campante encuentran su terreno fértil. Incluso las autoridades se resignan ante la violencia de las protestas, normalizando una situación preocupante. Es esencial que se aplique la igualdad ante la ley y que los responsables de actos violentos sean llevados ante la justicia para poner fin a este ciclo destructivo. La tolerancia cero hacia la violencia política debería ser un principio irrenunciable en una sociedad democrática. A pesar de los desafíos, es imperativo recordar que nadie está por encima de la ley y que la violencia no puede ni debe ser aceptada como un medio legítimo de cambio.
Por Magdalena Merbilháa, historiadora y periodista.