Reflexión sobre los cambios en el sistema político
Una observación común es que en Chile resulta inviable gobernar. El gobierno anterior no pudo hacerlo, el actual tampoco, y es probable que el siguiente enfrente el mismo obstáculo.
Se han presentado dos análisis para entender la razón de esta situación.
Para algunos, la raíz del problema está en la representatividad. La crisis de gobernabilidad se entiende por la desconexión entre los representantes y la ciudadanía, originando una mayor distancia entre la elite política y la población. La carencia de representantes, tanto en cantidad como en tipos, ha impedido a las personas y grupos expresar sus necesidades y prioridades ante los tomadores de decisiones.
Otros consideran que el problema radica en la fragmentación partidaria. Según esta perspectiva, la dificultad para gobernar se debe a la multiplicidad de coaliciones y partidos en el poder. La diversidad de tradiciones, visiones y compromisos presentes en el gobierno promueve problemas de coordinación y disciplina, lo que afecta la generación de consensos.
Estos dos enfoques son contradictorios. Las soluciones para los problemas de representatividad son opuestas a las soluciones para la fragmentación partidaria.
Para abordar la primera cuestión, se necesita aumentar la cantidad de representantes populares. Si la meta es fortalecer el vínculo entre representados y representantes, es necesario incrementar y mejorar esos enlaces, implementando mecanismos como cuotas y escaños reservados. En definitiva, esto implicaría aumentar el número de partidos.
Por el contrario, para solucionar la fragmentación, se requiere reducir el número de escaños. Si existen demasiados partidos, la forma más eficiente de reducirlos es eliminando los incentivos para su creación y permanencia. Mientras que los umbrales de votación o la suma de escaños pueden ser una opción, es más transparente regular el ingreso que penalizar la salida.
A pesar de que el Presidente ha encargado al ministro Elizalde encontrar una solución, la posibilidad de diseñar una reforma efectiva para abordar el problema de fondo parece, en el mejor de los casos, incierta.
Es necesario postergar la reforma del sistema político. Proceder ahora forzaría un acuerdo superficial, que podría empeorar la situación en lugar de resolverla.
Aún más, las circunstancias actuales no son propicias. Chile está a punto de entrar en un nuevo ciclo electoral, donde en un año se elegirá a 3,093 personas, incluyendo 16 gobernadores, 302 consejeros regionales, 345 alcaldes, 2,252 concejales, 23 senadores y 155 diputados.
Claramente, en este contexto, los intereses a corto plazo prevalecerán sobre los de largo plazo.
La responsabilidad de reformar el sistema político debe recaer en el próximo gobierno, que con una visión a largo plazo y sin las presiones inmediatas, tendrá una mejor capacidad para dirigir e implementar una reforma de esta magnitud.
Además, posponer el debate permitirá que los candidatos presidenciales de 2025 presenten sus diagnósticos y propuestas de reforma durante la campaña, empoderando a la ciudadanía para que, con su voto, se pronuncie sobre la naturaleza del problema y la mejor manera de solucionarlo.