Reacciones de la esfera política ante diálogos entre dos figuras prominentes

El sábado pasado salieron a la luz los diálogos entre el abogado Luis Hermosilla -acusado de cohecho, lavado de activos y delitos tributarios- y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, conversaciones que revelarían una estrecha relación e intercambio de favores entre ambos.

La información fue revelada por el medio Ciper Chile, y proporciona antecedentes sobre cómo Hermosilla habría utilizado su influencia para ayudar a Vivanco a obtener su cargo en la Corte Suprema.

Además, en los mensajes se mencionan otras ocasiones en las que Hermosilla y Vivanco se habrían beneficiado mutuamente y cómo habrían promovido o boicoteado otras candidaturas al Tribunal Supremo.

La revelación de este nuevo aspecto en el conocido Caso Audio ha generado malestar de manera generalizada y algunos partidos han anunciado su respaldo a un juicio por vía constitucional.

Desencadenamiento constitucional

Entre los primeros en reaccionar se encontraban los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes comunicaron su intención de promover una acusación constitucional contra Vivanco.

“El lunes empezaremos las conversaciones para impulsar una acusación constitucional contra ella y todos los jueces relacionados con el caso Hermosilla”, afirmó Manouchehri.

Por su parte, Cicardini, además de respaldar la idea de debatir una acusación constitucional con más legisladores, afirmó que estos nuevos datos “evidencian la extensión del problema de Hermosilla en el poder judicial, y es uno de los hechos más graves que hemos conocido en este caso”.

Desde el mismo partido, el senador Juan Luis Castro afirmó en Mesa Central de Canal 13 que “estamos frente a la peor crisis de la Corte Suprema en nuestro país”, dado que las conversaciones entre Hermosilla y Vivanco indican que “en Chile se perdió la separación de poderes desde ese momento”.

También advirtió que, en relación a la acusación, “es necesario revisar todas las conversaciones para tener una idea clara de hasta dónde, en el caso del Poder Judicial, hay mérito suficiente”.

Por otro lado, el vicepresidente del PS y líder de la bancada de la colectividad en la Cámara Baja, Daniel Melo, manifestó en X que su sector decidió “presentar la acusación constitucional contra la ministra Vivanco y evaluaremos si se extiende también al ministro Matus”.

“Los hechos conocidos sobre la red de corrupción de Hermosilla son extremadamente graves y perjudican la legitimidad del poder judicial y nuestro sistema democrático. También iniciaremos un diálogo con otras fracciones parlamentarias”, añadió.

Más sobre Caso Audio

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Eric Aedo describió la situación como “verdaderamente brutal” tanto en el caso de Vivanco como en el del ministro Jean Pierre Matus. “En ambos casos se reúnen las condiciones no solo para que actúe la Comisión de Ética de la Corte Suprema, sino también para una acusación constitucional”, afirmó.

En la misma línea, la diputada Ana María Gazmuri (AH) se sumó al expresar “desde ya mi respaldo a cualquier acusación constitucional contra los jueces involucrados en la red de tráfico de Hermosilla, así como también apoyaré una reforma que modifique el mecanismo de nombramientos de la Corte Suprema, así como una reforma que garantice mayor transparencia en los procesos de selección dentro del poder judicial”.

Desde la jefatura de bancada del Partido Comunista, el diputado Luis Cuello acusó que “como el gobierno de Piñera y Chadwick creían que los jueces eran de izquierda, entonces recurrieron a métodos ilícitos para designar magistrados afines a la derecha”.

“En el caso de la ministra Vivanco, claramente se cumplen los requisitos para una acusación constitucional, dada la gravedad del contenido de los diálogos entre ella y el abogado Hermosilla, que sugieren manejos y favores en favor de oscuros intereses”, concluyó.

Poner en jaque la institucionalidad

Por otro lado, la jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, no se mostró tan dispuesta a respaldar una acusación constitucional de inmediato, y señaló que “habrá que analizar los antecedentes y si hay fundamentos para una acusación constitucional, pero lo que me llama la atención es cómo algunos legisladores parecen apresurarse en esta situación en lugar de verla como una oportunidad para generar cambios institucionales”.

“Creo que este no es el momento para alegrarse ni para buscar oportunidades para destacarse e anunciar acusaciones, especialmente cuando la institucionalidad está claramente en riesgo. Creo que este es el momento para demostrar que somos políticos responsables”, afirmó Ossandón.

De una nueva comisión investigadora a una acusación constitucional: las reacciones a los diálogos que vinculan a la ministra Ángela Vivanco con Luis Hermosilla

Además, la diputada Karen Medina (PDG) afirmó también que este es un caso que “debe ser investigado. Por ello, presentaremos nuevamente una comisión investigadora, versión 2.0, y caiga quien caiga, se cumpla con rigurosidad, tal como está sucediendo”.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) aseguró que él fue uno de los pocos que votó en contra del nombramiento de Vivanco en la Corte Suprema. “En primer lugar, por su defensa a las isapres en el proceso de la ley corta y por las decisiones de la Corte Suprema en contra de las isapres. Por otro lado, estas revelaciones sobre los favores políticos y la manipulación política y jurídica con Hermosilla son gravísimas”, sentenció.

“Es imperativo un cambio en el sistema de nombramientos que no dependa de favores políticos ni de operadores judiciales, y al mismo tiempo regular de manera estricta los conflictos de interés en el ámbito legal”, concluyó el senador del Frente Amplio.

Desde el extremo opuesto, el diputado Stephan Schubert, líder de bancada de Republicanos, declaró que esta situación “es grave y pone en riesgo la institucionalidad chilena. Aquí se está evidenciando que nuestro país es mucho más corrupto de lo que pensábamos y de lo que queríamos creer”.

“Esto no puede ser resuelto políticamente con un manotazo en la espalda y un gran acuerdo donde al final no pase nada. Aquí toda la verdad tiene que salir a la luz. Tenemos que elevar nuestros estándares, aumentando los niveles de probidad”, concluyó.