Proyecto Ley Jacinta que pide condición física para conductores progresa en el Congreso
La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados aprobó casi por unanimidad -con 10 votos a favor y uno en abstención- el proyecto de Ley Jacinta, que persigue la implementación de requisitos de aptitud física para los conductores.
Según los promotores de esta propuesta, la diputada Erika Olivera y el diputado Cosme Mellado, el objetivo es garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones para disminuir accidentes y fatalities, como el que afectó a la menor en cuya memoria se presenta esta ley.
Además, la propuesta incluye modificaciones al Código del Trabajo en cuanto a la protección laboral en caso de fallecimiento de un menor en accidentes de tráfico y la Ley 18.490, que enmienda el Código Procesal Penal para establecer medidas de resguardo a víctimas de incidentes viales.
Proceso de aprobación y próximos pasos
La comisión, presidida por el diputado Felipe Camaño, acordó un plazo de cuatro semanas para recibir observaciones, escuchar a especialistas que puedan enriquecer la propuesta y gestionar el patrocinio del Ejecutivo, necesario para asegurar los recursos requeridos para su implementación.
Sumado a eso, el panel insistió en que el Gobierno debería tener un rol más activo en la tramitación de la moción, enfocándose particularmente en buscar vías de financiamiento que permitan a los municipios ejecutar estas iniciativas.
Agradecimientos y compromisos futuros
Al finalizar la sesión, la familia impulsora del proyecto de ley Jacinta expresó su gratitud por el amplio apoyo de los legisladores, a pocas semanas de cumplirse dos años del trágico accidente que dio origen a esta propuesta.
Max Schnitzer, abuelo de Jacinta y uno de los principales impulsores de los cambios legislativos, manifestó que “este proyecto aspira a salvar vidas y brindar protección a las víctimas de accidentes viales. Aplaudo a la Comisión de Obras Públicas por su disposición al diálogo, su paciencia y su empeño en encontrar consensos para mejorar esta propuesta, con la esperanza de que en el futuro se convierta en ley y asegure conductores más seguros y protección integral -económica, laboral, judicial y emocional- para las víctimas”.