La polémica en torno a las acusaciones constitucionales en La Moneda

El ministro de Justicia, Luis Cordero, reveló públicamente el jueves una preocupación en el gobierno: la serie de acusaciones constitucionales que se presentarán próximamente en el Congreso contra ministros de la Corte Suprema, en medio del caso conocido como Audio.

Esta situación ha generado incomodidad en Palacio, especialmente debido al aspecto electoral, ya que faltan 43 días para las elecciones municipales y de gobernadores.

En una entrevista en radio Infinita, el secretario de Estado expresó su inquietud, enfatizando que es fundamental abordar estas acusaciones constitucionales en el contexto actual, sin desviar la atención de la crisis subyacente.

En este escenario, se observa una ofensiva de acusaciones que lideran el oficialismo, la DC y la derecha, focalizadas en magistrados de la Corte Suprema. Dos figuras destacadas en el punto de mira son Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, implicados en conversaciones comprometedoras por WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla, actualmente bajo arresto preventivo.

El tema se ha vuelto más intenso con la preparación de acusaciones contra Vivanco por parte del oficialismo y la DC, y otra desde la oposición, mientras que el caso de Matus está siendo impulsado por el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo. Además, hay intenciones de presentar escritos contra Mario Carroza y Sergio Muñoz por parte de la oposición.

Preocupaciones adicionales en torno a las acusaciones

El ministro Cordero enfatizó que no cuestiona la legitimidad de las acusaciones constitucionales, pero destacó la complejidad de incrementar las denuncias y la posible desviación de los motivos originales. Esta postura también es compartida por otros miembros del gabinete, que temen tanto el impacto electoral como la validez jurídica de las acusaciones.

En La Moneda también se reflexiona sobre el impacto de estas acusaciones en la agenda legislativa, especialmente después del anuncio de iniciativas legislativas por parte del Presidente Boric. Además, la ofensiva de acusaciones podría afectar los nombramientos de futuros ministros de la Suprema, generando preocupación en el Ejecutivo sobre posibles retrasos en el Senado.

Las preocupaciones se manifestaron durante una reunión política en La Moneda donde se plantearon los posibles escenarios futuros respecto a las acusaciones constitucionales. Se debate sobre el riesgo de paralización del Poder Judicial y se busca mantener la continuidad de las funciones públicas.

Molestia en los partidos políticos

En contraste, en los partidos de gobierno, se aprecia cierta distancia frente a las declaraciones de Cordero y la percepción electoral. Líderes del Frente Amplio y el Partido Radical subrayan la importancia de abordar la crisis con seriedad y rigor, situando el foco en aclarar los hechos y utilizar las herramientas disponibles con responsabilidad.

Por su parte, representantes de la bancada oficialista también analizan la situación, destacando la necesidad de investigar a fondo los hechos que afectan la democracia y la administración de justicia, y defendiendo la validez de las acusaciones constitucionales planteadas.

Las divisiones y posturas encontradas se evidencian tanto en el oficialismo como en la oposición, con múltiples argumentos y enfoques sobre la pertinencia y el alcance de las acusaciones constitucionales en medio de la crisis judicial en curso.