La actualización esencial para abordar la crisis en seguridad pública

La actualización esencial para abordar la crisis en seguridad pública

Era una noche de celebraciones y juegos cuando cuatro jóvenes, de entre 13 y 17 años, fueron abatidos el 14 de julio en la comunidad Raúl Silva Henríquez de Quilicura. Estos adolescentes estaban reunidos en torno a una fogata jugando a Free Fire, un popular videojuego para celulares, cuando un grupo de individuos desconocidos disparó desde un auto en movimiento.

El ataque sorpresivo generó confusión y rumores de posibles ajustes de cuentas entre bandas delictivas, pero los familiares aseguraron que las víctimas solo pasaban por el lugar de manera accidental. El vehículo utilizado en el ataque fue hallado incendiado a un kilómetro del sitio del crimen.

El asesinato de estos jóvenes conmocionó a la comunidad, ejemplificando la preocupante crisis de seguridad que se vive en el país. En respuesta, el gobierno ha propuesto un “fast track legislativo de seguridad” destinado a acelerar la discusión de 32 proyectos de ley. Este mecanismo permite reducir los debates en el Congreso y avanzar rápidamente en la legislación necesaria, aunque hasta ahora, desde su implementación a finales de mayo, no se han visto progresos significativos.

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Tasa de homicidios: entre las más altas de la OCDE

En lo que va del 2023, la tasa de homicidios en Chile es de 6,3 por cada 100 mil habitantes, una ligera mejora respecto a 2022, que registró 6,7 homicidios por la misma cantidad de población. Sin embargo, sigue siendo un número alarmante comparado con la tasa de 4,5 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2018.

Para entender cómo Chile se posiciona globalmente, Ecuador lidera con 44 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguido por Venezuela con 27 y Colombia con 26. Por otro lado, Bolivia y Argentina tienen tasas significativamente más bajas de 4,3 homicidios por cada 100 mil habitantes.

La preocupación es mayor si se toma en cuenta que países desarrollados han logrado controlar este problema mucho mejor. Italia y España, con situaciones complejas derivadas de la mafia y la migración, presentan tasas de 0,6 y 0,7 homicidios respectivamente.

El panorama actual

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Los expertos coinciden en que la crisis de seguridad se debe a un cambio significativo en el contexto nacional. Las instituciones encargadas de la seguridad fueron diseñadas para desafíos de principios de siglo, y es necesario un proceso de modernización.

Se requiere mejorar los organismos de inteligencia para que proporcionen información detallada y actualizada sobre la evolución del crimen. Actualmente, Chile cuenta únicamente con inteligencia policial enfocada en resolver delitos ya ocurridos. Alvaro Bellolio de la UNAB destaca la importancia de criminalizar la inteligencia para entender cómo cambia el crimen organizado y violento en este nuevo escenario.

El ingreso de organizaciones criminales ha transformado el panorama. Estos grupos utilizan técnicas especializadas y tienen objetivos económicos claros que los llevan a estructurar verdaderas empresas ilícitas. Según Bellolio, una política negativa y negligente respecto a la migración también ha facilitado la permeabilidad del crimen transnacional en el país.

Grimaldi y Lizana coinciden en que Chile carece de una institucionalidad adecuada para enfrentar dinamismos criminales actuales y de un trabajo coordinado entre las instituciones. Además, critican la respuesta reactiva frente a problemas migratorios, de delincuencia y de gestión carcelaria, argumentando que las prisiones actuales funcionan como centros de reclutamiento criminal, empeorando aún más la situación.

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El nuevo ministerio

La propuesta de crear un Ministerio de Seguridad Pública parece positiva pero insuficiente si no se definen claramente sus funciones y no se fomenta la coordinación entre actores regionales y centrales. Bellolio enfatiza que trasladar funciones del Ministerio del Interior al de Seguridad sin modificaciones no implica una verdadera modernización de la gestión.

Grimaldi sugiere que se necesita un pacto nacional de fuerzas políticas para combatir el crimen de manera efectiva. La percepción de desorganización y falta de capacidad en los sectores políticos daña la lucha contra el crimen, haciendo urgente la creación de políticas unificadas y coherentes similares a las de política exterior.

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