Juan francisco cruz y autonomía judicial
El narcotráfico y otros tipos de delito organizado representan la amenaza más grave para la autonomía de la judicatura. A diferencia de la corrupción esporádica, el crimen organizado busca, por su propia naturaleza, desmantelar el funcionamiento del sistema judicial para continuar sus actividades ilegales sin temor a repercusiones estatales.
La evidencia revela una fuerte conexión entre el crecimiento del crimen organizado y la erosión del estado de derecho. En regiones donde las fuerzas del orden y los fiscales son notoriamente corruptos o ineficaces, y los magistrados no cuentan con independencia, el crimen organizado se extiende rápidamente por todo el entramado social e institucional.
Metodologías del Crimen Organizado
Para garantizar la impunidad deseada, las organizaciones delictivas utilizan dos métodos principales: corrupción y coacción. En naciones con una judicatura razonablemente efectiva que responde a la corrupción manifiesta, estas bandas criminales suelen infiltrarse a través de la discrecionalidad judicial. Es decir, cuando un juez es cooptado, emite fallos jurídicamente plausibles pero destinados a favorecer al crimen organizado. Un ejemplo de esto se encuentra en Guatemala, donde jueces han utilizado argumentos garantistas para anular pruebas esenciales en casos de narcotráfico.
El desafío de este modus operandi es que es complicado detectar cuando un juez, ya sea por avaricia o miedo, manipula el sistema jurídico para beneficiar a acusados relacionados con el crimen organizado. Además, se ha demostrado que estas bandas delictivas suelen incidir principalmente en los tribunales de primera instancia, los cuales se extienden por todo el territorio y son más difíciles de monitorizar. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo fortalecer y proteger la independencia judicial en respuesta a este creciente fenómeno criminal.
Medidas Preventivas
Existen dos áreas principales de acción: implementar medidas para prevenir la corrupción y proteger la integridad de los jueces, especialmente para evitar que cedan ante el miedo, un sentimiento que compromete la imparcialidad. Según la recomendación de organizaciones internacionales, una estrategia eficaz es aumentar los niveles de transparencia en el sistema judicial. Aunque la Corte Suprema ha realizado avances significativos en este sentido, aún falta información sistemática y fácilmente accesible sobre nombramientos judiciales, resultados de procesos disciplinarios y perfiles estadísticos y jurisprudenciales de cada juez. Este tipo de información podría ayudar a supervisar los márgenes de discrecionalidad, evaluar el vigor del control interno y detectar patrones anómalos que indiquen corrupción.
Se podría avanzar en la implementación de medidas de protección en tres grandes áreas: la creación de protocolos de seguridad, el establecimiento de tribunales especializados y la polémica figura del “juez sin rostro”, que consiste en mantener en anonimato la identidad del magistrado. Aunque el Congreso aprobó una ley que introduce esta figura de forma atenuada, permite al abogado defensor conocer la identidad del juez, cuestionando así su efectividad.
Acciones Especializadas
Otra opción es crear una jurisdicción especializada para juzgar a poderosas bandas criminales. La experiencia de países como Costa Rica, Albania y Ucrania muestra que establecer este tipo de tribunales es un proceso complejo, a largo plazo y que requiere numerosos recursos.
Una alternativa más rápida y que podría aprovechar recursos existentes sin afectar las garantías procesales sería instaurar una especie de ampliación de competencia para que, en casos justificados, se designen jueces ad hoc que residan lejos de donde opera la banda investigada. El Poder Judicial podría conformar un equipo de jueces penales de diversas regiones del país, con formación robusta en crimen organizado, apoyo psicológico y bonificaciones salariales para afrontar los desafíos y costos asociados a estos juicios.
Desconocemos cómo evolucionará el crimen organizado en nuestro país y si el actual sistema judicial podrá enfrentarlo, pero los indicios ya señalan la necesidad urgente de reflexionar y adoptar medidas que protejan lo mejor posible la integridad e independencia de los jueces y juezas, evitando que se vean ante dilemas como “¿dinero o plomo?”.
Por Juan Francisco Cruz, Observatorio Judicial