Iniciativa para fortalecer el Estado de derecho en América Latina con apoyo del sector privado
El think tank Diálogo Interamericano ha dado a conocer la creación de un grupo de trabajo del sector privado con el propósito de robustecer el Estado de derecho en las Américas, en respuesta al retroceso democrático observado en la región. El Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Estado de Derecho y Gobernabilidad cuenta con la participación de 22 miembros, entre ellos representantes del sector privado y exfuncionarios de gobierno de 12 países de las Américas, incluyendo a Chile.
Según un diagnóstico llevado a cabo en mayo por Diálogo Interamericano, los desafíos predominantes que enfrentan los países de América Latina y el Caribe incluyen ineficiencias persistentes y corrupción a nivel de los poderes Ejecutivo y Legislativo, falta de independencia, politización y corrupción en el poder Judicial; así como altos índices de criminalidad y violencia y el aumento significativo del uso (y abuso) de las redes sociales.
El diagnóstico de Diálogo Interamericano señaló en un comunicado de prensa la importancia del involucramiento del sector privado, ya que “durante décadas, los actores del sector privado han lidiado con desafíos relacionados con la debilidad del Estado de derecho y la inseguridad jurídica. Esto ha complicado las decisiones de inversión y las operaciones cotidianas tanto de empresas locales como internacionales”.
Para Tamara Taraciuk, directora del Programa Peter D. Bell sobre Estado de Derecho en Diálogo Interamericano, “ante la disminución de la democracia en la región, es crucial que el sector privado se involucre en iniciativas que fortalezcan el Estado de derecho. Los líderes empresariales no necesariamente hablarán de democracia o derechos humanos, sino que utilizarán otro lenguaje: necesitan reglas claras y certeza jurídica para operar”.
Taraciuk enfatiza que para lograr esto, son esenciales aspectos como la independencia judicial, la regulación del dinero en la política y la transparencia. Esta iniciativa busca incrementar la participación del sector privado en proyectos que robustezcan la institucionalidad democrática, lo cual favorece tanto a las empresas como a la prevención de retrocesos democráticos en la región. En una región tan polarizada, el sector privado tiene la capacidad de unirse en estas preocupaciones y soluciones comunes.
Áreas prioritarias para el sector privado
El informe del think tank identifica seis áreas clave para el liderazgo del sector privado: la autorregulación y anticorrupción a nivel empresarial, la independencia judicial y la transparencia, despolitizando decisiones fiscales y judiciales, la regulación del dinero en la política, la ética pública y anticorrupción, proporcionando capacitaciones para funcionarios públicos, la educación ciudadana en ética pública y los costos reales de la inseguridad y corrupción.
Se destaca la importancia de la autorregulación empresarial, promoviendo una cultura de transparencia y rendición de cuentas dentro de las corporaciones para fortalecer las instituciones democráticas. Asimismo, se subraya la necesidad de una mayor independencia judicial para asegurar administraciones eficientes y justas.
El papel del sector privado en la seguridad
Rodrigo Hinzpeter, exministro de Interior y Defensa en el primer gobierno de Sebastián Piñera y miembro del grupo, explica que “frecuentemente en América Latina y el Caribe, la seguridad, una misión esencial del Estado, ha sido insuficiente, lo que ha obligado al sector privado a asumir iniciativas en esta área. Por esta razón, el sector privado está participando”.
Hinzpeter subraya que la seguridad influye directamente en la inversión extranjera, ya que los inversionistas evalúan el nivel de seguridad de los países en los que van a invertir. En promedio, los países de América Latina y el Caribe no presentan buenos niveles de seguridad, afectando negativamente la atracción de inversiones extranjeras. En particular, en Chile, la situación de seguridad ha empeorado en los últimos años, lo que desincentiva a potenciales inversores externos.
El rol del poder judicial
En cuanto al Poder Judicial, Hernán Larraín, expresidente del Senado y exministro de Justicia en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, enfatiza que la participación del sector privado es crucial para asegurar la independencia del Poder Judicial, garantizando que “la ley se aplique de manera igualitaria conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico”.
Larraín subraya que en Chile se observa un aumento de la corrupción, el debilitamiento institucional debido al crimen organizado, y la ineficacia del Estado. Reflexionar sobre estos temas y el rol del sector privado en fortalecer el Estado de derecho y la gobernanza es esencial.
Consultado sobre las medidas específicas discutidas para implementar desde el ámbito judicial, Larraín destaca propuestas como revisar la gobernanza judicial, robustecer los sistemas de nombramiento de jueces, generar mecanismos para detectar riesgos y amenazas que comprometan la independencia de los tribunales, modernizar el sistema judicial (incluyendo avances tecnológicos), combatir la corrupción y asegurar que no haya impunidad, y garantizar la reinserción social de los condenados para reducir la reincidencia.
El grupo de expertos del think tank se reunirá nuevamente el 28 de octubre en Washington para discutir qué propuestas, de las seis ya formuladas, son más prioritarias. “Estas seis tienen prioridad, pero hay que determinar cuáles son más urgentes y con mayor apoyo para ser impulsadas en etapas futuras”, adelantó Larraín.