Ignacio Briones sugiere permisos como política nacional

Propuesta de Ignacio Briones sobre permisos

Recientemente se ha llegado a un prometedor acuerdo sobre el hecho de que nuestro sistema de permisos actúa como un obstáculo para la inversión y necesita ser mejorado urgentemente. Esto puede parecer evidente, pero lo evidente no siempre es lo más compartido ni prioritario. La propuesta legal del actual gobierno para simplificar y agilizar los permisos sectoriales es de gran relevancia. Aunque se han hecho críticas sobre su extensión, su mayor valor radica en que institucionaliza un consenso sobre una prioridad nacional bajo un criterio central: la eficiencia en permisos y trámites. Este acuerdo es un paso necesario para el verdadero reto que sigue: convertir esa prioridad en una política de Estado que acelere el proceso y amplíe su alcance en los próximos años.

Nuestro actual sistema de permisos es complicado, a menudo incierto, y con tiempos muy largos, lo que resulta en una especie de impuesto indirecto a la inversión. En la Comisión Marfán se documentó que, en promedio, los permisos tardan 6,6 años en grandes proyectos de inversión. Reducir este tiempo en un tercio equivaldría a una reducción de 3,7 puntos porcentuales en el impuesto corporativo, y reducirlo a la mitad, 5,6 puntos. Todo esto tendría un impacto positivo en la inversión y el crecimiento. Por ejemplo, disminuir los tiempos en un 50% incrementaría el crecimiento anual en un 0,4% durante los próximos 10 años.

Oportunidad en el contexto global

En el marco de la transición energética global y la lucha contra el cambio climático, Chile tiene una oportunidad histórica de desarrollo en minería, recursos naturales y energías renovables. Para aprovechar esta oportunidad y acelerar las millonarias inversiones necesarias, es imprescindible simplificar el sistema de permisos.

Algunos piensan que un sistema de permisos más simple y ágil es incompatible con altos estándares de protección ambiental o comunitaria, pero esto no es correcto. Establecer un estándar es una cosa y cómo alcanzarlo es otra. De hecho, un sistema más sencillo podría hacer más fácil cumplir y fiscalizar el estándar definido. Por eso, el principio rector debe ser la eficiencia: una vez establecido un estándar de permisos, el objetivo debe ser cumplirlo al menor costo posible. Es deber del Estado facilitar este proceso en lugar de complicarlo.

Normas para futuras políticas de permisos

Este principio de eficiencia debe guiar la política estatal de permisos en los próximos años. No solo en permisos sectoriales, sino también en permisos ambientales y otros cuellos de botella presentes en el Consejo de Monumentos Nacionales y en concesiones marítimas. No hay ninguna razón conceptual ni práctica para que la evaluación previa sobre el cumplimiento de un estándar se realice mediante un proceso complicado, largo e incierto.

Basada en este principio de eficiencia, la política estatal debe ser ambiciosa y fijar metas claras para acelerar la simplificación y reducción de plazos. ¿Por qué no apuntar a reducir los tiempos de tramitación a la mitad en los próximos cuatro años? ¿O profundizar el criterio de regulación basada en riesgo, donde la carga regulatoria y los trámites sean significativamente menores para proyectos de bajo riesgo en sus impactos? ¿Por qué no tener verdaderos trámites rápidos en sectores prioritarios?

Hacia un cambio de cultura y procesos

Nada de esto es simple ni inmediato. Requiere gestión, capacidades, cambio de procesos y de la cultura en un Estado rígido y con pocos incentivos. Pero, sobre todo, requiere voluntad y ambición, sin los cuales ningún cambio profundo es posible. Por eso, la política de Estado de permisos debe ser, ante todo, ambiciosa. Debe ir con todo.

Finalmente, es crucial que esta política tenga una institucionalidad permanente, autónoma y de alta credibilidad, que evalúe y proponga reformas continuas. Creo que esta institucionalidad podría residir en el Consejo Nacional de Evaluación y Productividad, con un mandato explícito y los recursos necesarios. Primero, porque un mejor sistema de permisos es productividad directa. Segundo, porque es la institución que, desde 2019, ha identificado trabas y vericuetos de los distintos permisos. Tercero, porque goza de un prestigio y credibilidad transversales que facilitarían la implementación de las reformas propuestas. Pero hay un segundo actor central: el Ministerio de Hacienda, que tiene la capacidad presupuestaria para que las mejoras de gestión y procesos internos sucedan.

Chile tiene hoy la oportunidad y el deber de institucionalizar el consenso sobre lo oneroso de nuestro sistema de permisos, transformándolo en una política de Estado permanente y ambiciosa. Ganaríamos en inversión, crecimiento y una visión de futuro compartida. No es poca cosa.