Reflexiones acerca de la responsabilidad parlamentaria

En el Congreso se está discutiendo una propuesta para modificar la Constitución y autorizar un retiro único de los fondos de pensiones, evadiendo así la autoridad exclusiva del Ejecutivo en asuntos previsionales.

Es lamentable observar cómo, en diferentes ocasiones, se está eludiendo la autoridad exclusiva del Ejecutivo. Recientemente, los diputados revocaron una decisión de inadmisibilidad de la Cámara respecto a una iniciativa que ampliaba el posnatal, violando la norma que prohíbe la legislación que afecte al gasto fiscal. También se frustró un intento de cambiar normativas del seguro de desempleo. Esta problemática persiste.

La exclusividad del Ejecutivo en estos temas no es un capricho de ciertos sectores, sino que tiene fundamentos en la experiencia dolorosa del pasado siglo. Incluso proyectos constitucionales anteriores han respaldado este principio.

La razón detrás de estas disposiciones es que en asuntos esenciales del contrato social, como las normas que garantizan la seguridad financiera en la vejez, es preferible dejar la iniciativa legislativa en manos del Ejecutivo, cuyo horizonte de decisión es más amplio y estable en comparación con los parlamentarios, cuyo enfoque se ve condicionado por ciclos electorales. Esto es clave en el contexto chileno, donde la reelección presidencial inmediata no está permitida.

La continuidad de estos planteamientos

Un ejemplo concreto de malas decisiones parlamentarias en el pasado se encuentra en la época en que los legisladores tenían la facultad de legislar sobre pensiones. Esta situación condujo al descrédito del antiguo sistema de reparto y posteriormente a su insolvencia. La captación de los parlamentarios por grupos de interés generó una fragmentación del sistema, dando lugar a múltiples cajas con distintos beneficios, lo que derivó en injusticias inaceptables para la mayoría de la población. La reforma constitucional de 1970 concentró la iniciativa en materia previsional en el Ejecutivo. Uno de los argumentos destacados en la transición a un nuevo sistema en 1980 fue la valoración del esfuerzo personal de ahorro sobre los arreglos políticos preferenciales.

Recientemente, los retiros de fondos a través de reformas constitucionales han tenido consecuencias negativas para los jubilados futuros, afectando los ahorros a largo plazo y dificultando el acceso a créditos hipotecarios y al financiamiento estatal en Chile.

Resulta paradójico que miembros de una de las instituciones fundamentales en una sociedad democrática, pero con una reputación cuestionada, persistan en ignorar los límites constitucionales. Salvaguardar estas normas es crucial para mantener la estabilidad fiscal y asegurar los ingresos de la tercera edad. El enfoque a corto plazo ha afectado gravemente la credibilidad de esta institución, debilitando un pilar del sistema democrático.

Se ha hablado mucho sobre la necesidad de reformar el sistema político, pero aún no se han concretado avances significativos. Quizás aún más importante es restablecer firmemente el respeto a las normas constitucionales que regulan la autoridad exclusiva del Ejecutivo en estos asuntos, ya que este paso podría requerir una reforma constitucional o un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a los retiros de fondos previsionales. Independientemente del camino a seguir, el consenso amplio sobre esta necesidad es un requisito imprescindible.

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