Columna de opinión de daniel matamala sobre la calma de la vida
Reflexiones de Daniel Matamala sobre la tranquilidad en la vida
Hace próximo a un año se celebra un acontecimiento que merece ser recordado: tres décadas atrás, el 27 de agosto de 1994, se puso en marcha en Chile el sistema multicarrier para las llamadas de larga distancia.
Este hito nos enseña sobre las consecuencias de romper con un monopolio y nos alerta sobre cómo otros monopolios continúan limitando nuestro avance, afectando los bolsillos de millones de ciudadanos chilenos.
Hace 30 años, la introducción de la ley del multicarrier cambió las reglas del juego. La premisa era sencilla: antes de marcar un número, cada usuario podía seleccionar una empresa marcando los tres dígitos correspondientes a ese carrier. Dicha compañía pagaría una tarifa al propietario de la línea y cobraría al consumidor.
El negocio resultaba atractivo y la publicidad televisiva de la época se llenó de pegajosos jingles como el 123 de Entel, los “ochitos” del 188 de Telefónica, o el “181” de Bellsouth. El impacto fue inmediato y espectacular: los precios se redujeron en un 80%, y el volumen de llamadas internacionales pasó de 63 millones de minutos en 1994 a 113 millones en 1995 y 215 millones en 1998.
Simplemente con el cambio de un monopolio a un mercado competitivo, los chilenos triplicaron sus comunicaciones por larga distancia y pagaron cinco veces menos por cada minuto hablado.
Esta misma dinámica se reprodujo al liberarse el mercado de la telefonía móvil, permitiendo que diferentes empresas pagaran un peaje por utilizar las torres de telefonía: la competencia se intensificó, los precios descendieron y la demanda creció.
En relación al reciente apagón, todos recordamos que Enel o CGE ostentan el monopolio en la distribución eléctrica en sus respectivas áreas, lo que afecta a los consumidores cautivos, obligados a permanecer ligados a una sola empresa sin alternativas para expresar su descontento.
No obstante, esta situación no tiene por qué ser permanente. Pocos años después de la implementación del multicarrier telefónico, se planteó en Chile la posibilidad de instaurar un sistema similar en el ámbito eléctrico.
La propuesta era análoga: diversas compañías adquirirían energía de los generadores, pagarían un peaje al distribuidor por utilizar las líneas eléctricas y ofrecerían planes y tarifas a los hogares, permitiéndoles elegir entre distintas empresas, tal como lo hacían con el “123”, el “188” o el “181”.
Este proyecto formaba parte de la “agenda pro-crecimiento” discutida entre el gobierno y los grandes empresarios en 2001. “Había consenso entre los técnicos del gobierno y de la Sofofa”, me relató esta semana el economista Eduardo Saavedra en el podcast Lo Que Importa. “Pero luego llegaron representantes del gremio distribuidor y manifestaron su total oposición. El tema fue eliminado de la agenda”, recordó Saavedra.
A pesar del acuerdo técnico alcanzado, su implementación ha sido políticamente inviable desde entonces.
Los impulsores de esta idea, antes de la intervención del lobby, pertenecían al gobierno de Ricardo Lagos. En 2011, el Presidente Piñera lo anunció en su discurso público, asegurando que reduciría los costos para las familias chilenas.
En el año 2013, fue una de las propuestas de consenso del grupo diverso de expertos “Res Pública”, compuesto por economistas cercanos tanto a la derecha como Juan Andrés Fontaine y Klaus Schmidt-Hebbel, y también a la izquierda como Dante Contreras y Andrea Repetto.
A lo largo del 2020, durante el segundo gobierno de Piñera, este tema volvió a ser abordado. Sin embargo, la presión ejercida por los monopolios siempre ha prevalecido.
Es relevante mencionar que este tipo de competencia existe desde hace muchos años en países europeos como el Reino Unido y España, no solo en el sector eléctrico sino también en el del gas natural. El concepto de “multicarrier del gas” fue propuesto por una comisión amplia de economistas tras el informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que evidenció los serios problemas inherentes al actual monopolio. A pesar del consenso de los expertos, esta iniciativa permanece inactiva.
Las áreas que disfrutan de privilegios indebidos continúan proliferando. Por ejemplo, los notarios son otro grupo que obtiene beneficios considerables debido a la falta de competencia. En 2018, la FNE afirmó que “el sistema notarial requiere una reforma profunda y estructural, no un simple retoque”; la introducción de competencia podría ahorrar al país 149 millones de dólares anuales.
Actualmente, un proyecto de ley modesto relacionado con esta problemática está siendo obstaculizado por un lobby evidente de parlamentarios que defienden el derecho de sus familiares a ocupar estos codiciados cargos.
Situaciones similares se presentan en el caso de la reserva de cabotaje, que impide a empresas extranjeras participar en el mercado de transporte marítimo interno en Chile. Aunque resulta sorprendente en un país que se enorgullece de abrir sus puertas a la inversión extranjera, esta normativa ha sido defendida eficazmente durante décadas mediante un lobby activo.
En una intervención en el Congreso el pasado mes de abril, el exministro de Hacienda Ignacio Briones, quien intentó modificar este privilegio, fue muy sincero en el debate. “Los principales opositores son los camioneros, quienes se benefician enormemente de mantener cerrado el cabotaje y prefieren que este mercado permanezca restringido. También la Armada, que se ha opuesto históricamente y, según mis conversaciones cuando fui ministro, parece ser para proteger el empleo de sus exoficiales”, afirmó Briones.
Briones estima que la reserva de cabotaje le cuesta al país entre 300 y 400 millones de dólares al año, gran parte de los cuales son absorbidos por los consumidores en los precios de los productos básicos. De ser eliminada, los costos de transporte podrían disminuir un 40%, además de generar “menos congestión y contaminación en las carreteras”, añadió Briones.
El Premio Nobel de Economía John Hicks afirmaba que el mayor beneficio para un monopolista es “disfrutar de una vida tranquila” donde las ganancias están aseguradas y la presión por mejorar la eficiencia y servir mejor a los consumidores no existe.
En Chile, necesitamos líderes políticos y gobiernos con la valentía necesaria para desafiar esa “vida tranquila” de unos pocos poderosos y asegurar una vida más apacible para aquellos que realmente importan: los millones de chilenos que, con su propio dinero, financian las ganancias de esos monopolios.
Contenido Adicional:
Desde la implementación del multicarrier telefónico, la competencia ha demostrado ser un motor importante para el desarrollo y la equidad en distintos sectores. Es fundamental seguir fomentando la apertura de mercados y la regulación que garantice condiciones justas para todos los actores involucrados. La transparencia y la libre competencia son elementos clave para el bienestar económico y social de un país.