Análisis de la opinión de Pablo Halpern sobre el impacto en el modelo de negocio
Reflexiones sobre la postura de Pablo Halpern respecto al impacto en la estructura empresarial
En Huachipato, el ruido de las alarmas desaparece y el bullicio de las maquinarias se detiene. Más de 2,000 empleados se enfrentan a la incertidumbre del desempleo, mientras en muchos hogares chilenos, las luces se apagan debido a cortes de energía. En situaciones normales, la reputación corporativa se puede proteger o restaurar mediante las estrategias habituales: comunicación eficiente, lobby, planes de contingencia y compromisos renovados. Sin embargo, cuando las grandes corporaciones cometen errores que impactan la vida de miles de individuos, no solo se ve comprometida su imagen pública, sino también la confianza en un modelo económico que ha impulsado el desarrollo del país en las últimas décadas.
El cese de operaciones de Huachipato no solo es el cierre de una empresa, sino un golpe al corazón de una comunidad que depende de ella para subsistir. Los cortes de suministro eléctrico no son simples inconvenientes, sino señales de la fragilidad de una infraestructura que debería sostener la vida moderna. Las promesas de eficiencia y progreso que respaldan el modelo pierden credibilidad cuando las compañías, principales motores del avance, fallan de forma tan contundente.
Los incidentes relacionados con Enel y Huachipato han reavivado narrativas populistas que abogan por un aumento del control estatal sobre sectores estratégicos. Se plantea, por ejemplo, que los servicios básicos son derechos esenciales que deben ser gestionados por el Estado para garantizar su calidad. Este discurso da pie a otros argumentos populistas, como que las empresas privadas suelen priorizar las ganancias por encima del bienestar social, lo que resulta en recortes en inversiones, infraestructura y mantenimiento. También se plantea que al transferir el control de recursos críticos a entidades extranjeras, se pone en riesgo la soberanía nacional. Los populistas argumentan además que la nacionalización o mayor intervención estatal son necesarias para proteger a los trabajadores y evitar despidos masivos, tal como ocurrió en Huachipato.
Se ha cuestionado si una empresa privada puede servir al interés público o si, por el contrario, sacrifica el bienestar colectivo en pos de la eficiencia económica. Estos argumentos han surgido de manera explícita o implícita en los debates sobre la crisis energética y el cierre de Huachipato.
Por otro lado, es importante destacar que la gestión pública no garantiza una mayor calidad ni un acceso más equitativo a los servicios. Las empresas controladas por el Estado suelen estar expuestas a la influencia política, lo que puede llevar a nombramientos inapropiados y decisiones basadas en criterios no técnicos. Asimismo, la estatización de empresas podría desviar recursos de sectores igualmente relevantes, lo que subraya la necesidad de mejorar la regulación en lugar de transferir la responsabilidad al ámbito estatal.
En última instancia, la responsabilidad recae en las empresas privadas. Se ven obligadas a demostrar que no solo protegen sus propios intereses, sino también los de toda la sociedad. En la actualidad, la responsabilidad social y la rentabilidad financiera están estrechamente entrelazadas. La incapacidad de comprender esta conexión expone al sector privado a un riesgo mayor que la merma en su reputación: pone en peligro la legitimidad del modelo económico que lo sustenta.
Finalmente, la importancia de encontrar un equilibrio adecuado entre la eficiencia empresarial y el impacto social es crucial para el desarrollo sostenible y la estabilidad económica a largo plazo.