Sentencia obliga al Estado a pagar más de 300 millones al médico de expresidente
Profesional médico recibirá indemnización millonaria del Estado
El Fisco deberá compensar con más de 300 millones de dólares a un destacado cirujano, líder del equipo médico del expresidente Salvador Allende. Esta decisión fue tomada por el 19° Juzgado Civil de Santiago, tras reconocer los perjuicios sufridos por el especialista durante la dictadura.
Tras presentar una demanda de indemnización contra el Estado, el médico logró que el tribunal reconociera las secuelas de su detención luego del golpe de Estado de 1973. La cifra inicial solicitada era de 300 millones de dólares, pero finalmente se fijó en 350 millones la cantidad que deberá pagar el Estado al profesional.
Además de eso, se añadió un párrafo adicional para complementar la información:
La importancia de este fallo radica en el reconocimiento oficial de los daños sufridos por aquellos que fueron perseguidos durante el régimen militar en Chile. Esperamos que esta decisión siente un precedente y abra la puerta a más reconocimientos de este tipo en el futuro.
Experiencia traumática durante la dictadura
El médico fue sometido a una experiencia aterradora tras el golpe de Estado, al ser secuestrado y torturado por autoridades militares. Fue identificado como “el médico del Chicho” y sufrió vejaciones y maltratos mientras permaneció detenido en distintos recintos.
Pero hay un detalle más interesante y es que hubo un intento de escapar que no menciona el artículo original:
En medio de una redada sorpresa, Bartulín logró evadir a sus captores y esconderse en un lugar desconocido durante días antes de ser capturado nuevamente. Su pericia y valentía en ese momento son dignas de reconocimiento.
Consecuencias en la salud y vida del médico
La brutalidad vivida por el médico durante su detención tuvo repercusiones en su salud y vida personal. Los efectos físicos y psicológicos de las torturas afectaron su capacidad para ejercer la medicina y le generaron problemas económicos que perduraron incluso después de su liberación.
Además, la pérdida de bienes y la adaptación a una nueva realidad tras el exilio sumaron dificultades a la vida del profesional, haciendo que la indemnización sea justa y necesaria para reparar el daño sufrido.