Progreso judicial en la Macrozona Sur
En los últimos días, se han logrado avances significativos en la labor de impartir justicia en la Macrozona Sur, una región afectada severamente por la violencia de grupos radicalizados. Por un lado, la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado contra el fallo del Tribunal Oral de Temuco, que condenó a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), a 15 años de prisión efectiva por delitos establecidos en la Ley de Seguridad del Estado, más cinco años por robo de madera y tres años por atentado contra la autoridad. Además, tras una extensa investigación policial, se formalizó a tres personas -ahora en prisión preventiva; una cuarta está prófuga- por el brutal asesinato de tres carabineros en la zona de Cañete en abril pasado, un hecho que conmocionó a la comunidad por la extrema crueldad mostrada. Aunque este último caso recién comienza su recorrido en la esfera judicial, todo indica que la Fiscalía habría reunido un caso sólidamente fundamentado.
Estos logros judiciales son de gran importancia para la Macrozona, ya que, a pesar de la prolongada violencia terrorista en la región -con incendios de camiones, iglesias, colegios, atentados a empresas forestales, toma de terrenos y asesinatos-, las condenas han sido escasas, lo que ha generado una sensación de impunidad interpretada por muchos como un retroceso del Estado de Derecho. En este contexto, la condena a Llaitul tiene un simbolismo especial, pues como líder de una organización responsable de numerosos ataques incendiarios y provocaciones hacia las empresas forestales y el propio Estado, su encarcelamiento -resultado de pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía de La Araucanía- ofrece a la comunidad una mayor sensación de seguridad y la esperanza de que otras organizaciones similares y sus líderes también enfrenten a la justicia y dejen de operar con la impunidad que habían tenido durante años.
Importancia de la condena y los nuevos avances
Además, la investigación de los asesinatos de los tres carabineros fue coordinada por la Fiscalía de La Araucanía, con la participación de fiscales experimentados. Atrapar a los presuntos responsables fue un verdadero desafío, considerando que el crimen ocurrió en un área remota y tanto la camioneta como los cuerpos de los policías fueron quemados. Solo gracias a la habilidad de los fiscales y los agentes de policía se logró reunir una cantidad significativa de pruebas -escuchas telefónicas, seguimientos por aire y tierra, y declaraciones de testigos clave, entre otros métodos- en un tiempo récord y en total discreción, lo que permitió comenzar a desmantelar la red involucrada en estos crímenes. Esto confirma que no se trata de delincuencia común, sino de grupos altamente peligrosos que se esconden bajo la fachada de reivindicación indígena. La destacada capacidad de investigación demostrada en este caso genera la esperanza de que otros hechos aún impunes también puedan ser resueltos.