La demanda del controlador del Aeropuerto de Santiago contra Chile en el Ciadi llega a su fase final
En agosto de 2021, las compañías francesas Vinci Airports y Grupo ADP, responsables de Nuevo Pudahuel, el concesionario del Aeropuerto de Santiago, interpusieron una demanda contra la República de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Acusaron a Chile de violar el tratado bilateral firmado con Francia en 1992. Ahora, tras tres años, el arbitraje ha alcanzado su etapa final.
La raíz del conflicto está en la pandemia: Vinci y ADP pidieron compensaciones al Estado para contrarrestar los menores ingresos resultantes de las restricciones sanitarias, que incluyeron cierres de aeropuertos y limitaciones en la movilidad, disminuyendo el tráfico aéreo. Después de medio año de negociaciones sin éxito, ambas firmas, que poseen el 85% del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, decidieron llevar el caso al Ciadi, solicitando una compensación de US$400 millones para restablecer el equilibrio económico de la concesión que comenzó en 2015 y tiene una duración de 20 años.
Conformación del tribunal de árbitros
En marzo de 2022, siete meses después, se estableció el tribunal de árbitros encargado de revisar el caso. Como presidente se seleccionó al germano-mexicano Claus von Wobeser, mientras que los demandantes eligieron al alemán Stephan Schill y Chile nombró a la argentina Mónica Pinto. Todos ellos manejan casos en inglés, francés y español.
Desde noviembre de 2022 hasta marzo de 2024, las empresas y el Estado chileno, a través del Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera, entregaron toda la documentación y sus argumentos: demanda, respuesta, réplica y dúplica. Los detalles de estos documentos aún no se han hecho públicos, a diferencia de otros casos tramitados en el Ciadi.
Audiencias en Washington
El último avance en el caso fueron las audiencias celebradas en Washington, en las instalaciones del Ciadi. Las partes presentaron sus argumentos durante cinco días, desde el lunes 3 de junio al viernes 7 de junio. En total, participaron más de 40 personas, incluyendo equipos de abogados, testigos, expertos y funcionarios del Ciadi.
Las sesiones se realizaron en dos idiomas. La defensa de Chile, que optó por exponer en español, fue iniciada por Johanna Klein, coordinadora del Programa de Defensa en Arbitrajes en Inversión Extranjera. Los abogados de Foley Hoag, liderados por Clara Brillembourg, y del bufete chileno Jana & Gil Dispute Resolution, Andrés Jana y Rodrigo Gil, también participaron. Mientras tanto, Vinci Airports y Grupo ADP realizaron sus alegatos en inglés, representados por Freshfields Bruckhaus Deringer, encabezado por Nigel Blackaby. El chileno Felipe Ossa, del estudio Claro & Cia., inició y concluyó la exposición para los inversionistas extranjeros.
El dictamen de la Comisión Arbitral y testimonios
Durante las audiencias, coincidió la publicación del dictamen de la Comisión Arbitral en Chile, que determinó que la pandemia afectó los términos del contrato y otorgó seis meses al Ministerio de Obras Públicas para negociar ajustes con la concesionaria. El Estado chileno apeló esta decisión, pero los demandantes utilizaron dicho fallo como argumento en Washington. La postura de Chile se mantiene: el país actuó conforme al derecho internacional y el marco legal local no permite compensaciones por eventos de fuerza mayor como una pandemia.
Entre los testigos, los demandantes presentaron a varios expertos internacionales que calcularon los daños sufridos por la concesionaria. Por su parte, Chile contó con el testimonio de dos exfuncionarios: Alfredo Moreno, exministro de Obras Públicas durante el inicio del conflicto, y Jorge Jaramillo, jefe de la división jurídica de la Dirección de Obras Públicas entre 2018 y 2022 y actualmente abogado del estudio Enrique Barros y Compañía.
Informe final y tiempos de espera
Solo resta la presentación de un informe final con las posturas de ambas partes tras las audiencias, antes de aguardar el fallo definitivo. “Las partes están actualmente preparando un Post Hearing Brief que se presentará en septiembre”, señalaron desde Cancillería. No se podrán presentar nuevas pruebas ni evidencias.
La experiencia en casos anteriores de inversores que se han enfrentado a Chile en el Ciadi indica que el fallo suele demorar más de un año tras las audiencias. Hasta la fecha, Chile ha enfrentado siete casos: cuatro concluidos y dos pendientes, además de otro que se activó recientemente, con el registro del arbitraje iniciado por los dueños de WOM.
Consideraciones sobre el fallo
Otro caso pendiente aún no ha recibido respuesta: la demanda presentada en abril de 2021 por la compañía colombiana ISA Interconexión Eléctrica contra Chile, relacionada con la construcción de una línea de transmisión eléctrica. La audiencia de ese caso tuvo lugar entre el 19 y 24 de junio del año pasado. Un año después, aún se espera la respuesta del Ciadi.
Se espera que el laudo del Tribunal Ciadi se emita durante el segundo semestre del próximo año, según Cancillería, aunque otros abogados involucrados en el caso estiman que podría demorar entre seis meses y un año, basándose en la jurisprudencia revisada del presidente del tribunal, Claus von Wobeser.
Impacto de un fallo desfavorable
Un fallo desfavorable para Chile implicaría que el Tribunal ordenara al país pagar una compensación, afirmaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. En dicha situación, “Chile podría considerar presentar un recurso de anulación ante el mismo Ciadi. Eso abriría un nuevo procedimiento que sería resuelto por un Comité de anulación de tres miembros, nombrados por la Secretaría General del Ciadi”, explicaron.