Interponen acción legal para frenar construcción de nuevo centro penitenciario

Interponen acción legal para frenar construcción de nuevo centro penitenciario

En diversas oportunidades, las autoridades gubernamentales han enfatizado la necesidad urgente de edificar una nueva prisión de alta seguridad para alojar a reclusos peligrosos y aliviar así la presión en un sistema penitenciario que estaría al borde del colapso.

“O se deja de mandar personas a la cárcel, se construyen plazas rápidamente, o se aprueba una ley de indulto general”, afirmó categóricamente el ministro de Justicia, Luis Cordero, al abordar el problema y confirmar que la ubicación seleccionada para la construcción es en la avenida Pedro Montt, en la comuna de Santiago.

Posición de los vecinos y autoridades locales

Proyecciones de la nueva prisión para el crimen organizado

No obstante, los residentes de la mencionada comuna y la propia alcaldesa, Irací Hassler (PC), están lejos de aprobar esta medida.

De hecho, este jueves, un grupo de habitantes del Barrio Yarur -ubicado frente al futuro emplazamiento del penal- ingresaron un recurso de protección con el objetivo de interrumpir las obras. Ellos consideran que representa una grave amenaza para los residentes de la zona.

“En representación de los vecinos hemos presentado un recurso de protección ante la amenaza de construir una prisión cercana al barrio. Eso es sumamente perjudicial, si una cárcel ya genera muchos problemas, una de alta seguridad lo hará aún más. Por ello, esperamos que los tribunales decidan adecuadamente y rechacen la construcción de esta prisión”, manifestó el abogado Carlos López.

La acción está encabezada por Patricio Catrilaf, secretario del Comité de Seguridad y Prevención Ciudadana Manuel León, y la diputada María Luisa Cordero (IND-RN), además de contar con el apoyo de los diputados Eduardo Durán (RN) y Johannes Kaiser (IND).

Argumentos del recurso presentado

Los vecinos del “barrio penitenciario” acuden a los tribunales para detener la construcción de una nueva cárcel en Santiago. Foto: Andres Perez

Como se indica en el recurso, la construcción de la prisión, según ellos, “implica una amenaza directa” a los derechos constitucionales de los residentes del barrio, en específico, el derecho a la vida y a la integridad física y mental. Subrayan que la instalación de esta cárcel “aumenta la sensación de inseguridad” y podría empeorar significativamente la calidad de vida en la zona.

Además, denuncian que la decisión fue comunicada a través de un comunicado de prensa y no mediante un acto formal respaldado por la ley, lo que consideran una decisión “arbitraria e ilegal”. También destacan la ausencia de estudios de impacto y consultas previas a la comunidad.

La diputada Cordero, en este contexto, señaló: “No estoy en contra de la construcción de cárceles; si es necesario, hay que hacerlas, pero no aquí, sino en zonas alejadas de las comunidades. Este es un gobierno que habla mucho sobre derechos humanos, pero parece que son solo los derechos humanos de ellos”.

Opinión del Ejecutivo sobre la nueva prisión

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Desde el Ejecutivo, el ministro Luis Cordero afirmó que es “legítimo” que se presenten recursos como el mencionado, aunque insistió en que su obligación es “tratar de insistir en ampliar el sistema penitenciario en Santiago 1 o en cualquier parte del país”.

“Es necesario explorar todas las soluciones posibles para expandir el sistema, y eso es lo que hemos estado haciendo con el MOP. Si hay personas que quieren oponerse, sean parlamentarios o vecinos, me parece legítimo. Pero debe tomarse en cuenta un dato: De los 81 recintos penitenciarios que funcionan en el país, 70 están en zonas urbanas. La razón por la cual no se ha desarrollado infraestructura penitenciaria en los últimos 15 años ha sido debido a oposiciones de este tipo, pero el mandato que tengo es optimizar esto y hacerlo de la manera más rápida posible”, afirmó.

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Aunque este es el primer recurso formalizado en tribunales en contra del nuevo penal, desde el municipio de Santiago han señalado que continúan evaluando cómo proceder. El tema está siendo estudiado por el equipo jurídico, que está a la espera de que el Ministerio de Vivienda les entregue el proyecto de reforma al Plan Regulador.

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