Desalojos prevalecen en Región Metropolitana y La Araucanía
Solo tres días después de la promulgación de la nueva Ley de Usurpaciones, ya se observaban sus primeros efectos. El 27 de noviembre de 2023, personal de Carabineros arrestó a miembros de la comunidad mapuche Aylla Varela, quienes ingresaron ilegalmente al Fundo Palermo en Collipulli, Región de La Araucanía, reivindicando la propiedad del terreno agrícola.
Bajo esta nueva legislación, que se publicó en el diario oficial el 24 de noviembre del año anterior, se formalizó a cinco integrantes de la comunidad mapuche y se desalojó a una decena de ocupantes del fundo. De acuerdo con cifras de la policía uniformada, ya se han contabilizado más de 60 casos desde la implementación de esta normativa.
Los resultados de esta ley, que suscitó un extenso debate en el Congreso y contó incluso con un veto del gobierno, fueron solicitados por la Comisión de Seguridad de la Cámara en marzo pasado. Solicitaron al Ministerio del Interior un informe sobre la aplicación de la ley y estadíticas relacionadas.
En respuesta, el Ministerio del Interior, encabezado por la ministra Carolina Tohá, envió un informe con los datos proporcionados por las fuerzas policiales. Estos datos detallan la cantidad de desalojos realizados en los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la nueva ley, la cual regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles, establece nuevas penas y métodos para cometer estos ilícitos, e incorpora mecanismos más efectivos para la restitución de los lugares ocupados.
Resultados en la Región Metropolitana y La Araucanía
De las dos fuerzas policiales, solo Carabineros proporcionó datos precisos sobre los desalojos efectuados. La Policía de Investigaciones (PDI), aunque indicó haber realizado tres procedimientos bajo esta ley, aclaró que no se llevaron a cabo desalojos “propiamente tales” y que estos procedimientos no son habituales para su institución.
Por otro lado, Carabineros, quienes deben llevar a cabo estos procedimientos por orden judicial a petición de las víctimas de una usurpación o del Ministerio Público, reportaron que desde el 24 de noviembre de 2023 hasta el 24 de mayo pasado, han realizado 67 desalojos.
Según el informe, la Región Metropolitana concentra la mayoría de los casos con 18 desalojos. Las comunas con más incidencias son Santiago con nueve desalojos, seguida por San Joaquín (2), Cerrillos (1) y Recoleta (1), entre otros.
Después de la Región Metropolitana, la Región de La Araucanía registra 15 casos en comunas como Victoria (5), Temuco (2), y Galvarino (2). La Región de Ñuble sigue con 11 desalojos en la comuna de Chillán. Posteriormente, se sitúan las regiones de Antofagasta con siete casos, Tarapacá con cuatro y Valparaíso con tres.
A nivel comunal, Chillán registra la mayor cantidad de desalojos, seguida de Santiago, Calama y Victoria.
¿Un cambio significativo?
Para Andrés Longton (RN), presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, aunque las cifras aparentan ser positivas en comparación con la regulación anterior, “es inexplicable que aún existan usurpaciones sin desalojar, considerando las nuevas facultades y atribuciones. Hay un problema crítico que requiere explicación”.
En esa línea, el parlamentario sugiere analizar los procesos penales en curso respecto a las detenciones, considerando si terminan en condenas efectivas. Además, señala que, si hay condenas, “estas terminarían en simples multas debido al veto del Gobierno, lo cual complica la perspectiva de la comisión del delito”. Concluye que “la ley aún tiene margen para mejoras”.
Andrés Jouannet (Amarillos), diputado de la Comisión de Seguridad y representante de La Araucanía, asegura que “sin lugar a dudas, la Ley de Usurpaciones ha sido beneficiosa para reducir las usurpaciones en la región, pero aún persisten”.
Asigna responsabilidad al gobierno por no hacer cumplir la ley. Concluye que el Ejecutivo “debe tomar acciones legales en aquellos lugares que aún están usurpados, ya que no debería haber ningún lugar en Chile ocupado ilegalmente”.