Denuncia en la Fiscalía del Lío Lío: fiscal acusa a su superior de malos tratos

El día posterior al asesinato de tres carabineros en Cañete, que tuvo lugar el 27 de abril de este año, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió a diversas interrogantes planteadas por la prensa sobre un caso que estremecía a la nación.

Una de las cuestiones planteadas fue quién lideraría la investigación de los eventos en la Región del Biobío. La pregunta surgió debido a la ausencia en el sitio del suceso, donde se encontraron los cuerpos calcinados de Sergio Arévalo (34), Misael Vidal (30) y Carlos Cisterna (43), del fiscal Juan Yáñez Martinich, quien es el único especializado en violencia rural en la región.

“De la información que tengo, el fiscal Yáñez no forma parte del equipo de fiscales”, respondió brevemente Monsalve en esa ocasión, sugiriendo que la persona indicada para responder esta pregunta era la fiscal regional, Marcela Cartagena.

Un día después, el 29 de abril, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció que el responsable del caso sería el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido. Explicó que la elección se basaba en la experiencia del fiscal de la IX Región.

Sin embargo, hubo otro elemento que pudo haber influido en que no se solicitara a Yáñez acudir al lugar del ataque: su relación con la fiscal regional del Biobío estaba deteriorada desde hacía meses. En diciembre de 2023, Yáñez presentó una denuncia en contra de su superior ante la Fiscalía Nacional, citando continuos menosprecios y malos tratos hacia su labor.

En dicha denuncia, de cinco páginas a la cual tuvo acceso La Tercera, se describen diversas situaciones que condujeron a un sumario administrativo, cuyo responsable es el fiscal Garrido.

“Las acciones llevadas a cabo por este fiscal (Juan Yáñez) a finales de agosto de 2023 con resultados exitosos, fueron prácticamente ignoradas, sin recibir instrucciones para informar, mientras se daban detalles de procedimientos paralelos de otros fiscales. Esta conducta ha sido constante y en aumento, invisibilizando mi trabajo”, relata el documento.

Además, Yáñez sostiene que durante una licencia médica en julio de 2022, Cartagena solicitó agilizar un caso relacionado con Ernesto Llaitul, lo que resultó en la pérdida de pruebas contra el imputado.

“Este apresuramiento, que no se entendía hasta mi regreso, llevó a la policía a acelerar procedimientos, lo que casi llevó a perderse el rastro de Ernesto Llaitul. Se perdió el seguimiento de un GPS en su vehículo, grabaciones de un micrófono oculto y, lo peor, dos imputados, José Luis Marilao Matus (aún prófugo) y Roberto Villouta Alcaman, detenido en marzo de 2023. Se extravió el teléfono de Marilao Matus, se alertó a la organización, y Marilao Matus, mano derecha de Llaitul, sigue desaparecido”, se lee en el escrito.

Sobre este asunto, Yáñez continúa: “Se realizó una formalización a gusto de la fiscal regional, se creó un escenario para la prensa, se convocó a los fiscales regionales de la macrozona, y para sorpresa de todos, volví el mismo día de las detenciones. No me dejaron formalizar ni modificar la formalización, esto lo realizó y expuso otra fiscal, apareció en la audiencia la fiscal regional y se refirió a los detalles del hecho punible, y mi participación se basó en la necesidad de cautela. El juicio tuvo muchos problemas, estuve solo durante el juicio, y tras la sentencia, la fiscal regional declaró a la prensa que ‘realizamos una gran autocrítica ante la escasez de resultados’, lo cual es falso y directamente menoscaba mi trabajo de 9 años con numerosas condenas en atentados, violencia rural, armas e incendios en la región”.

“Estos actos de ‘ninguneo’ significan que soy el único fiscal que, estando la fiscal en funciones, no puede salir en la prensa; no se me permite hablar, me lo ha dicho directamente”, añadió Yáñez.

El fiscal también afirmó: “El hostigamiento y desprecio fueron tales que el 20 de noviembre, me indicó en presencia del jefe de Recursos Humanos que aplicaría un incidente crítico por no haberle comunicado un procedimiento en septiembre de este año, cuando ella estaba de vacaciones”.

La historia continúa más abajoMás sobre Marcela Cartagena

En ese sentido, Yáñez aseveró que ya no recibe correos sobre temas de la Macrozona Sur, le retiraron casos, no dispone de un equipo adecuado, Cartagena prohibió a su equipo policial utilizar los estacionamientos de la Fiscalía y no se han implementado medidas de seguridad para él, excepto un “botón de pánico inútil”. También señaló que, durante la primera visita oficial del fiscal nacional, no se le permitió presentar su trabajo ni tener contacto con él.

“Es aquí donde radica lo más grave: Me designaron en 2014 para investigar la violencia rural; estoy a punto de desmantelar la Resistencia Mapuche Lavkenche, pero no se me informa nada, todo lo urgente queda en Cañete o lo toma ella, no tengo acceso a peritajes, me están desgastando intencionalmente”, concluyó.

La Tercera intentó comunicarse con Cartagena para obtener una declaración, pero indicaron: “Dado que el contenido de la investigación administrativa es de carácter reservado, la fiscal regional no puede referirse a dicha investigación, la cual está en desarrollo y no ha sido resuelta”.

Además, la investigación relacionada con el asesinato de los carabineros en Cañete llevó a que la Fiscalía Regional del Biobío iniciara un sumario contra el fiscal Yáñez. Esta investigación administrativa busca esclarecer la responsabilidad de Yáñez en la liberación de uno de los presuntos involucrados, Tomás Antihuen, quien actualmente se encuentra prófugo y es intensamente buscado por la policía.

Antihuen, supuesto autor intelectual del ataque a los carabineros, estuvo en prisión preventiva en 2020 por atacar un vehículo de Carabineros con bombas molotov. Luego quedó en libertad bajo medidas cautelares menos estrictas, las cuales incumplió. En ese momento, el fiscal consideró la posibilidad de un juicio abreviado, lo cual no se concretó.

En marzo de 2023 se emitió una orden de detención contra Antihuen. El fiscal nacional calificó de “anómalo” que el sujeto estuviera en libertad.

Tomás Antihuen Santi es señalado como el presunto líder del violento ataque contra tres carabineros en Cañete.

La Fiscalía del Biobío ha estado en el centro de varias controversias. Uno de ellos es el caso de Tomás Bravo, investigación en la que primero se acusó al tío abuelo del niño, Jorge Escobar, pero que la Fiscalía no pudo probar. Ese caso, que comenzó en febrero de 2021 y fue asumido por Cartagena en marzo de ese año, continúa sin responsables.

En su momento, la persecutora realizó un informe crítico sobre el trabajo de la PDI, el desempeño de varios profesionales de la salud en el SML y la “falta de liderazgo” de la primera fiscal a cargo. Por este caso, un grupo de diputados de derecha presentó una solicitud de destitución de Cartagena ante la Corte Suprema. Sin embargo, aunque fue admitida a trámite, posteriormente fue rechazada.

Otro caso que puso a esa Fiscalía bajo escrutinio fue la investigación contra Ernesto Llaitul Pezoa, hijo del portavoz histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y otros cuatro comuneros mapuche. Llaitul y los demás fueron condenados a 15 años de prisión por el Tribunal Oral de la capital de la provincia del Biobío por los delitos de incendio y homicidio frustrado.

No obstante, la Corte de Apelaciones de Concepción anuló las condenas y ordenó un nuevo juicio. En ese nuevo juicio, Llaitul fue absuelto y el tribunal criticó las pruebas de la Fiscalía, indicando que “no permitieron ubicar a los acusados en el lugar del suceso ni realizar las acciones que se les imputaban, por lo que fue necesario absolverlos”.

Y esta semana, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción absolvió al capitán de Carabineros Cristopher Candia, a quien la Fiscalía acusaba de cinco delitos de apremios ilegítimos cometidos entre 2019 y 2020, durante el estallido social. La Fiscalía no pudo probar los hechos que imputaba.

Estas críticas han llevado a que, según fuentes de La Tercera, dentro del Ministerio Público se refieran a esta repartición como la “Fiscalía del Lío Lío”.