Abogado de Jadue pedirá nuevamente su libertad

Este sábado 3 de agosto, Daniel Jadue (PC), ahora exalcalde de Recoleta, ha completado dos meses bajo prisión preventiva. A pesar de múltiples esfuerzos llevados a cabo por su equipo legal, no han conseguido modificar la medida cautelar impuesta tras ser formalizado en el caso de las Farmacias Populares.

No obstante, sus defensores afirman que no existen fundamentos para mantener una vigilancia tan estricta. Menos aún, argumentan, cuando ya ha sido destituido de su cargo y se ha designado un nuevo alcalde para la comuna.

Por esta razón, el equipo encabezado por los abogados Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda está preparando una nueva solicitud para que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago revise la medida cautelar.

Durante la tarde de este lunes, dicho equipo mantendrá una reunión estratégica para analizar los siguientes pasos y examinar los antecedentes con los que cuentan, con el objetivo de argumentar su posición ante el tribunal mencionado.

Hace algunas semanas, Ramón Sepúlveda -quien según fuentes cercanas al caso ha asumido un rol “más técnico” en la defensa- presentó un documento solicitando la realización de varias nuevas diligencias.

Según detalla el escrito presentado por Sepúlveda, se solicita a la PDI realizar un peritaje para determinar cuántas tiras reactivas para glucómetros adquiridas expiraron y cuál es el valor de dichas pérdidas. También se pide determinar la trazabilidad del gasto realizado por Achifarp, con los fondos transferidos basándose en el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal de Recoleta, sumando un total de $204.976.800. Además, se solicita revisar las redes sociales de César Ramírez (Facebook e Instagram) para verificar la autenticidad de publicaciones y fotografías compartidas en junio de 2020, que fueron enviadas a la fiscal del caso por correo electrónico.

Asimismo, se pide a Recoleta enviar varios datos, como el número de atenciones realizadas por el Centro Audiológico de Recoleta desde la entrega de prótesis auditivas compradas a Achifarp. También se requiere un listado de atenciones y fichas clínicas de las personas que recibieron dichas prótesis, aclarar si se perdió alguna de las 345 prótesis auditivas adquiridas mediante trato directo cuestionado, e identificar al funcionario que gestionó la recepción de las dosis de Interferón enviadas por la Universidad de Concepción.

Además, se solicita tomar declaración a los concejales Natalia Cuevas Guerrero, Cristián Weibel Avendaño, Fernando Manzur Freig, Luis González Brito y Ernesto Moreno Beauchemin. También se requiere testimonio de los pacientes o beneficiarios de las prótesis auditivas, de Rodrigo Aros Chia, abogado de la Asociación Chilena de Farmacias Populares entre 2021 y 2022, y de Alison Morales San Martin.

La defensa también pide a la Universidad de Concepción proveer nuevos antecedentes, a Mercado Público, a Providencia (para que indique qué documentos fundamentaron la autorización para la “Farmacia Popular” ubicada en la calle Los Leones), al síndico de la quiebra de la Asociación Chile de Farmacias Populares, y al Ministerio de Salud.

En cuanto a los recursos legales que están en proceso, la defensa sigue esperando la revisión de la apelación por parte de la Corte Suprema y está evaluando los detalles del anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional.