Múltiples señalamientos a altas instancias complicarán trámite legislativo
Desafíos en el Proceso Legislativo
Desde 1990, se han presentado ocho denuncias contra miembros de la Corte Suprema en la Cámara de Diputados. De estas, cinco eran dirigidas a más de un juez destacado, mientras que solamente tres iban enfocadas en un único supremo. En estas ocho ocasiones, un total de 20 altos magistrados se han visto implicados en el proceso legislativo.
Estos antecedentes históricos mantienen a las distintas bancadas parlamentarias en alerta frente a las recientes acusaciones contra jueces involucrados en cuestionamientos disciplinarios o en filtraciones de material sensible, como las del abogado penalista Luis Hermosilla. En particular, destaca el caso de la ministra Ángela Vivanco, quien enfrenta múltiples señalamientos por su supuesta participación en actividades irregulares vinculadas al mencionado penalista.
Un Escenario Actualmente Diferente
La actual situación presenta un panorama diverso. Con un amplio respaldo a las tres acusaciones en proceso, se vislumbra que las que apuntan directamente contra la ministra Ángela Vivanco podrían ser aprobadas, especialmente aquellas que ponen en entredicho su conducta relacionada con el caso Audio. Vivanco se enfrentará a dos acusaciones paralelas, lo que complicará el proceso.
Hasta la fecha, se ha confirmado la existencia de tres escritos acusatorios. Uno proveniente de RN, la UDI y Evópoli contra Vivanco, y otro dirigido al juez Sergio Muñoz, quien, a pesar de no estar implicado en el caso Hermosilla, se encuentra bajo investigación por un presunto mal uso de su posición en un caso de compra de propiedades. El oficialismo y la DC también han presentado acusaciones, una de ellas contra Vivanco y otra contra el ministro Jean Pierre Matus, por supuesta falta de veracidad respecto a su relación con Hermosilla.
Proceso de Tramitación Individualizada
A raíz de estas múltiples denuncias, la Cámara de Diputados aplicará el criterio de tramitar y votar de manera individual cada acusación, aun cuando algunas sean simultáneas y otras estén relacionadas con jueces distintos. Este enfoque se justifica en las diferencias sustanciales presentes en cada uno de los escritos, lo que exige procedimientos particulares para cada caso.
Según lo estipulado en la Constitución y las normativas internas del Congreso, cada denuncia deberá seguir un proceso independiente, dado que las argumentaciones están redactadas de forma separada. Una vez presentados estos documentos en la sala de la Cámara el 23 de septiembre, se realizarán tres sorteos para designar tres comisiones de diputados encargadas de analizar las acusaciones de manera individual.
Comparativa con Caso Blanco
El criterio de votar por separado, inspirado en el caso de Javiera Blanco, exministra de Justicia durante el mandato de Michelle Bachelet, tiene sus raíces en casos pasados. Blanco enfrentó en 2016 dos acusaciones simultáneas: una relacionada con la crisis en el Servicio Nacional de Menores y otra vinculada con irregularidades en Gendarmería. Ambas acusaciones fueron finalmente rechazadas en el proceso legislativo.
Para responder a estas acusaciones, Blanco tuvo que contar con la asesoría de abogados distintos y comparecer ante dos comisiones diferentes. Este precedente ha marcado la forma en que se abordan procesos similares en la actualidad, con una atención especial en la individualidad de cada caso.
Implicaciones en el Senado
En caso de que las acusaciones contra los jueces supremos sean aprobadas en la Cámara, el Senado se verá ante la necesidad de adaptar sus procedimientos para abordar este complejo cruce de denuncias. El último caso de juicio constitucional múltiple contra miembros de la Suprema data de 1992, lo que evidencia la complejidad de este tipo de procesos en la historia legislativa del país.
Con un margen mayor de flexibilidad en comparación con los diputados, los senadores tendrán la responsabilidad de votar de forma separada cada capítulo de las acusaciones, lo que plantea un escenario complejo en cuanto al tratamiento de las denuncias contra los altos magistrados. Esta flexibilidad legal permitirá que cada acusación sea evaluada de forma independiente, asegurando un proceso justo y transparente.