Division en grupo oficialistas respecto a medida contra evasión

El próximo miércoles marcará un hito en el avance del proyecto antievasión. Tras intensas discusiones en el Senado, se espera que se apruebe y se envíe a la Cámara de Diputados esta iniciativa que permitiría al fisco recaudar el 1,5% del Producto Interno Bruto.

Para llegar a este punto, el gobierno y los senadores en la Comisión de Hacienda del Senado tuvieron que consensuar una serie de modificaciones al proyecto original proveniente de la Cámara de Diputados.

Uno de los cambios significativos es que la legislación mantendrá la normativa antielusión en el ámbito judicial, en contraposición a la propuesta inicial de trasladarla al ámbito administrativo. También se establece que el nombramiento del director del SII y subdirectores seguirá un proceso de selección vía Alta Dirección Pública, distanciándose de la designación directa por parte del Presidente de la República.

Además, se establecerá un comité ejecutivo en el SII, encargado de evaluar posibles investigaciones por elusión fiscal, y un Consejo Tributario que emitirá opiniones sobre circulares del Servicio de Impuestos Internos y el plan de cumplimiento tributario.

En relación al secreto bancario, se acuerda que el levantamiento de información será a través de procedimientos judiciales con plazos definidos, un cambio significativo en comparación con el procedimiento actual.

Estas modificaciones han generado divisiones entre los diputados oficialistas con respecto a los cambios realizados en el Senado sobre el proyecto de antievasión.

Además, se plantea la importancia de que el Gobierno y el Senado lleguen a acuerdos que no se alejen del objetivo primordial del proyecto original.

Una vez que el proyecto pase por el Senado, deberá retornar a la Cámara de Diputados donde la Comisión de Hacienda revisará el documento para posteriormente ser evaluado en pleno.

Existen opiniones encontradas entre los partidos que respaldan al gobierno. Mientras el PS y la DC critican las modificaciones y evalúan su respuesta, el Frente Amplio y el PC, aunque consideran no ideal los cambios, apoyarán si estos aseguran la recaudación esperada.

El diputado Jaime Naranjo (PS) expresa su descontento, argumentando que la normativa antielusión en sede judicial resta eficiencia al trabajo del SII. Por otro lado, Jaime Sáez del Frente Amplio ve positivamente los cambios si contribuyen a la recaudación y a la justicia tributaria.

Dentro de estos debates, se discute la importancia de la independencia en el nombramiento de autoridades del SII, con diversas posturas entre los diputados.

Desde el ámbito político contrario, hay consenso en respaldar los cambios realizados en el Senado, destacando la importancia de la intervención judicial en casos de elusión fiscal.

Diputados de distintos partidos como RN y el Partido Republicano valoran los ajustes realizados, aunque algunos lamentan la demora en la toma de decisiones por parte del gobierno.

En resumen, las diferentes posturas expresadas en ambas cámaras reflejan la complejidad de las discusiones en torno a la medida contra la evasión fiscal y sus implicancias en la gobernanza tributaria en Chile.