Declaraciones del ministro en caso de impacto: “Situación lamentable

El secretario de Justicia, Luis Cordero, se expresó esta tarde sobre la detención y el inicio de un proceso de destitución por parte de la Corte Suprema contra la jueza Ángela Vivanco, además de las denuncias constitucionales anunciadas por diversos grupos políticos durante el día en contra de la magistrada.

Esto, a raíz de los nuevos detalles del caso Audio, que revelan los favores mutuos que intercambiaban la jueza Vivanco y el abogado penalista Luis Hermosilla, en detención preventiva por delitos fiscales, soborno y blanqueo de capitales.

En relación a esto, tal como lo adelantó por la mañana la ministra vocera Camila Vallejo, el titular de Justicia señaló que el Presidente Gabriel Boric, según el artículo 80 de la Constitución, tiene la responsabilidad de supervisar la conducta judicial de los jueces y podría haber intervenido si el tribunal supremo no hubiera iniciado el proceso de destitución por su cuenta.

“Existe una disposición en la Constitución que permite al Presidente de la República hacer una presentación, si está relacionada con asuntos de buen o mal comportamiento”, afirmó el ministro Cordero en declaraciones a Tolerancia Cero de CNN.

Consultado sobre la decisión de la Corte Suprema de suspender a la jueza Vivanco, iniciar un proceso de destitución en su contra y difundir un comunicado con todas las posibles faltas cometidas por la magistrada, el ministro Cordero expresó que “es una situación complicada para el sistema judicial”.

“Creo que para todos los involucrados en el sistema judicial es un día desafortunado, entre otras cosas porque el mal funcionamiento del sistema judicial perjudica no solo a los implicados en él, sino a la sociedad en su conjunto”, manifestó.

Preguntado si en su opinión la jueza Vivanco cometió delitos, el secretario de Justicia afirmó que “la determinación de si se trata de delitos o no corresponde a la investigación que se llevará a cabo, de hecho el fiscal nacional (Ángel Valencia) lo acaba de anunciar, y la determinación de responsabilidad recae en un tribunal”.

Aunque subrayó que existen tres niveles de responsabilidad en un caso de estas características, que incluyen posibles responsabilidades penal y política, elogió la labor de la Corte Suprema, que realiza un análisis ético del buen comportamiento de sus miembros.

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“En la evaluación que realiza la Corte Suprema se trata del buen comportamiento, donde se incluyen una serie de acciones que no necesariamente constituyen delito, de hecho podrían no serlo, ya que tienen que ver con la conducta adecuada de un funcionario público, particularmente de un elemento clave en el caso de los jueces, que es un atributo del Poder Judicial como es la independencia y la imparcialidad”, señaló.

“Desde luego, leer esa resolución es extremadamente duro, ver la unanimidad de los ministros y ministras y los principios que se considerarían afectados, mencionando en primer lugar la Corte la independencia y la imparcialidad, para luego hablar de probidad, transparencia. Considero que también es un mensaje para los operadores del sistema legal”, agregó al respecto.

Respecto a las denuncias constitucionales anunciadas hoy contra los jueces Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz, destacó que en el caso del primero, los acontecimientos habrían ocurrido antes de que asumiera en el máximo tribunal, mientras que señaló que “no tiene claridad” sobre la causa de una posible imputación contra el ministro Muñoz.

“La situación que concierne al juez Matus y los antecedentes que posee el Ejecutivo hasta ahora, son una serie de datos relacionados con una situación previa al ejercicio de sus funciones como juez de la Corte”, afirmó el ministro Cordero.

“Este es un debate que, por supuesto, forma parte de la acusación constitucional, el Ejecutivo la va a seguir con atención, pero el motivo de notable abandono de deberes o buen comportamiento, en el caso del artículo 80, está relacionado con el desempeño de la función pública que se ejerce”, explicó.

En el caso de Muñoz, a quien se le acusa de un incidente de hace algunos años donde supuestamente habría revelado información a favor de su hija para beneficiarla en un negocio inmobiliario, el ministro Cordero mencionó que, si esa es la base de la acusación constitucional, tal caso habría sido rechazado por el máximo tribunal en su momento.

“En el caso del ministro Sergio Muñoz, no tengo claro cuál es la razón de la acusación constitucional. El caso del ministro Muñoz puede ser variado, de muy distinta naturaleza (…) Si se refiere a la situación de su hija, es un asunto que ya había sido tratado por la Corte en su momento. El Ejecutivo entiende que el ministro Sergio Muñoz presentó un informe a la Corte Suprema y esta desestimó el caso en ese momento”, destacó.

“Si ese es el motivo, si hay otros antecedentes que sirvan de base para la acusación constitucional de los diputados que hoy se ha anunciado, el Ejecutivo por ahora lo desconoce, pero ciertamente la atribución del Presidente es constante”, concluyó.