Declaración del ministro sobre Arista Ward genera preocupación
Posible influencia en permisos de construcción generan inquietud en el Ministerio de Vivienda
Los efectos del caso Audio alcanzaron al Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante la gestión de Felipe Ward (UDI) en el segundo mandato de Sebastián Piñera. Específicamente, Luis Hermosilla -mientras fungía como asesor en el Ministerio del Interior, liderado por Andrés Chadwick en ese entonces- habría gestionado, con el Minvu, permisos para un proyecto inmobiliario de Grupo Patio, bajo la administración de Álvaro Jalaff, también implicado en el caso Audio.
Ante esta situación, el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha decidido iniciar una investigación para esclarecer posibles delitos, y en la mañana de hoy expresó: “No queremos precipitarnos, no obstante, nos parece inquietante, por esto hemos decretado la investigación sumaria, con el fin de recopilar toda la información y evaluar la gravedad de la situación, así como analizar las implicaciones que esto conlleva.”
Según informa Ciper, entre los años 2010 y 2021, Hermosilla habría logrado obtener tres informes de Índice de Factibilidad Constructiva (IFC) -necesarios para construir en terrenos rurales- en un lapso de dos meses y medio, cuando normalmente estos permisos podrían tardar hasta dos años en ser tramitados.
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En el mismo reportaje, el entonces seremi, Manuel José Errázuriz, confirmó que fue objeto de presiones para agilizar los permisos. “Nadie me indicó que hiciera algo incorrecto, simplemente era ‘apúrense, por favor, den una respuesta rápida’. Y yo debía trasladar esta solicitud a mi equipo, que muy válidamente reclamaba, ya que había un procedimiento que seguir”, señaló al medio mencionado.
A pesar de reconocer que la duración del proceso puede variar y que en sí mismo “no constituye una irregularidad”, en una entrevista en Radio Universo admitió que “dos meses y medio en un proyecto de esta envergadura es poco” y puntualizó que “queda siempre la incertidumbre de si una gestión provocó que otros proyectos previos fueran perjudicados, estas son interrogantes que estamos investigando”.
En esta línea, reafirmó: “La irregularidad inicial provino de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Lampa, que aprobó esto sin haber completado los trámites necesarios, lo cual fue irregular en todo sentido. Los procedimientos que debían ser realizados a nivel de la Seremi no se cumplieron. Pasaron seis años y recién salió a la luz esta situación, pero para entonces ya habían prescrito los plazos para revertir la decisión, según lo establecido en ese momento”.