Triple suspensión e investigación: momentos difíciles para la ministra de la Suprema Corte

La noche del sábado, a altas horas, la jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se vio envuelta en una complicada situación.

Alrededor suyo, su teléfono sonaba constantemente y amigos le enviaban el enlace de una publicación de Ciper. En dicho artículo se exponían todas las conversaciones vía WhatsApp -desde 2018 en adelante- mantenidas con Luis Hermosilla.

Las conversaciones, en posesión de la fiscalía, fueron sacadas a la luz por dicho medio y revelaron no solo los mensajes intercambiados antes de convertirse en jueza del máximo tribunal -preocupándose por los votos que tendría en el Senado-, sino también los diálogos sostenidos cuando ya se había convertido en una influyente ministra de la Tercera Sala de la Suprema.

En tan solo unas horas, toda su trayectoria profesional quedó en entredicho, a tan solo dos meses de que la Universidad Católica -donde actualmente es docente-, le celebrara un reconocimiento por sus 40 años de labor académica.

La magistrada ya estaba bajo investigación por la Comisión de Ética del máximo tribunal, pero por una acusación relacionada con los mensajes de su pareja Gonzalo Migueles. Esta situación le había valido críticas de sus colegas, pero la publicación de Ciper cambió completamente el escenario. La divulgación de sus conversaciones con el mencionado abogado penalista la implicaba directamente, lo que llevó a que sus colegas endurecieran su postura y decidieran que su permanencia en el máximo tribunal, al menos de manera temporal, era insostenible.

La pesquisa de la Comisión de Ética, que había comenzado varias semanas atrás, estaba revisando las conversaciones que Migueles habría tenido con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Sin embargo, tras la publicación de los chats, los cargos se ampliaron, y en una sesión extraordinaria, el pleno de la Suprema la suspendió de sus funciones como jueza y se confirmó la apertura de un procedimiento de remoción en su contra.

Este fue el peor escenario para alguien que había aspirado a un puesto de abogado externo en el máximo tribunal, un cargo para el cual le quedaban 14 años, ya que había ingresado al Palacio de Tribunales a una temprana edad.

Dentro de los pasillos judiciales no era un secreto que la relación entre el presidente de la Corte Suprema y la jueza de la tercera sala no era la mejor. Fue el propio Ricardo Blanco quien habló tras la sesión extraordinaria, anunciando la suspensión de Vivanco como ministra y la apertura de un proceso de remoción en su contra. Según los expertos, esta fue una resolución contundente debido a su trascendencia. En dos décadas, no se había vivido una situación tan compleja como la acontecida en la reunión de este lunes. Fuentes judiciales comentan que solo se compara con lo sucedido en 2001 con el exministro Luis Correa Bulo, destituido por tráfico de influencias.

En la reunión estuvieron presentes 12 ministros titulares y algunos suplentes, ninguno de ellos defendió a Vivanco. En una decisión unánime -y según algunos, histórica-, se acordó iniciar un proceso disciplinario para su expulsión de la Corte Suprema. La importancia de transmitir la gravedad de las acusaciones fue tal que la reunión se prolongó por tres horas y se interrumpió por completo la vista de los casos en las cuatro salas del máximo tribunal.

En el mismo documento notificado durante la tarde, se detallaron seis cargos que se le imputan, derivados de los chats con Hermosilla y de una denuncia previa en la Comisión de Ética.

Entre los cargos, se señala que se le acusa de posibles interferencias en el último nombramiento del fiscal nacional y en la designación de conservadores de bienes raíces de Viña del Mar y Concón; intromisión en nombramientos de jueces en coordinación con el abogado Luis Hermosilla; influencia en casos en proceso y en la conformación de salas de la Corte Suprema junto a dicho abogado; entrega de información sobre casos relacionados con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas antes de la firma de la sentencia, y realizar recomendaciones procesales al mencionado abogado; y coordinación con dicho abogado para ubicar miembros de este tribunal afines a sus intereses.

A estos cargos se suma una denuncia de abogados que reportaron situaciones irregulares en la tramitación de un recurso de protección que llevó a la condena de Codelco al pago de US$20 millones al consorcio bielorruso Belaz Movitec. Por este último caso, la Fiscalía Regional de Los Lagos inició de oficio una causa penal en la cual Vivanco será imputada, lo que abre un nuevo panorama no solo en su labor como jueza, sino también en un ámbito más complejo al enfrentar posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho.

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Al dirigirse a los presentes, el ministro Blanco, conocido por su sobriedad, adoptó un tono más enérgico al señalar que la información recopilada es “seria y grave, ya que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial”. Los 12 magistrados titulares presentes en la sesión extraordinaria de este lunes expresaron conformidad con esto, no hubo matices y todos firmaron la resolución.

Desde el entorno de Vivanco se ha mencionado que han sido horas difíciles para una abogada acostumbrada a destacar. Antes de la publicación de Ciper el 27 de agosto, había solicitado permiso para ausentarse de la Corte del lunes 9 al viernes 13 de septiembre, por lo que no estuvo presente ni formuló defensas formales. A pesar de esto, estuvo al tanto de lo que ocurría en el Palacio de Tribunales y afirmó que no renunciará, manteniendo firme su posición de probar su inocencia.

Se afirma que “se defenderá con todas las herramientas legales disponibles”, según personas cercanas a ella. Además, se cree que está en una situación desfavorable. Considera que no se han dado a conocer todos los antecedentes y, por lo tanto, solicitará copias del expediente de la Comisión de Ética y de los chats con Hermosilla revelados, ya que asegura no tenerlos en su teléfono.

Al mismo tiempo, Vivanco comenzó a buscar quiénes podrían asumir su defensa. Durante el proceso ante la Comisión de Ética, ya había sido asesorada por el experto en derecho administrativo Cristóbal Osorio, y según información recabada, seguirá contando con su asesoramiento.

Sin embargo, al estar siendo investigada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por los chats de Migueles con Palma y por la nueva situación en la que ella misma es la imputada, también ha comenzado a explorar la posibilidad de contratar a un abogado penalista. De acuerdo con fuentes cercanas, se ha puesto en contacto con un conocido abogado local: Juan Carlos Manríquez.

Bajo esta perspectiva, según el abogado y exfiscal Carlos Gajardo, se deberá determinar si la jueza cometió o no delito de revelación de secretos. “Los hechos revelados son muy graves y podrían constituir un delito. La permanencia de Vivanco en la Corte era insostenible, por lo que fue acertado suspenderla”, declaró el experto.

Por otro lado, la abogada Catherine Lathrop señaló que “las comunicaciones mantenidas con el abogado Hermosilla, al menos, sugieren la existencia de conductas contrarias a la ética. Por tanto, emergen ciertas figuras delictivas que deben ser investigadas previamente, ya que a pesar de la evidencia de las comunicaciones incautadas, persiste la presunción de inocencia”.

Las repercusiones administrativas y penales no son las únicas. Con el paso de las horas, cobra fuerza la posibilidad de una acusación constitucional contra Ángela Vivanco y también de críticas por parte de la universidad donde ha enseñado durante años.

Hasta ahora, la jueza imparte cursos sobre Derecho Político, Instituciones del Estado de Derecho Chileno, Derechos Fundamentales, Derechos Humanos y Bioética y Persona, aunque su futuro en esta área es incierto.

Se ha sabido que durante el día de hoy se reunió de forma extraordinaria el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Fuentes que tuvieron conocimiento de la reunión indican que la entidad académica está evaluando la posibilidad de abrir un sumario en su contra o incluso destituirla.