Tenso debate de la ministra con parlamentarias opositoras sobre el despido de una colaboradora
Debate tenso entre la ministra y parlamentarias opositoras por despido de colaboradora
Una solicitud reiterada dio lugar al intercambio entre Éricka Olivera (Demócratas) y la directora en la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados, al finalizar la sesión.
El foco de la reunión era la explicación de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre la controversia generada por la salida de Isabel Amor de la dirección del Servicio Nacional de la Mujer en la Región de Los Ríos, tras permanecer en el cargo apenas 48 horas antes de ser desvinculada argumentando “pérdida de confianza”.
Lo que inicialmente parecía ser una decisión administrativa más dentro del ministerio de Orellana, se convirtió en un tema de debate en la oposición, considerando la posibilidad de una acusación constitucional contra la ministra del Frente Amplio.
La razón detrás del despido, según Amor, a pesar de llegar al cargo a través del sistema de Alta Dirección Pública, fue el apoyo que brindó a su padre, condenado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, en una entrevista con la Revista Ya.
En esta situación, la ministra Orellana compareció en la Sala Inés Enríquez junto a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscila Carrasco.
En su exposición, Carrasco se centró en proporcionar fundamentos jurídicos sobre el concurso de Alta Dirección Pública que Amor debió pasar para acceder al cargo en el servicio bajo la tutela de Orellana.
“Es fundamental recordar que los cargos de ADP, por ley, son de confianza”, señaló Carrasco, añadiendo que “la renuncia por pérdida de confianza tiene un respaldo legal respaldado por la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema y la Contraloría General de la República”.
Bajo esta premisa, Carrasco añadió que “es esencial reforzar la confianza en los cargos públicos para el buen funcionamiento de nuestras instituciones, la cual puede verse afectada por situaciones que generen dudas sobre la transparencia, integridad o competencia de quienes ocupan dichos cargos”.
Después de la intervención de Carrasco, las diputadas, junto con Jorge Guzmán, comenzaron a formular preguntas a Carrasco y a la ministra, quien hasta ese momento no había intervenido en el tema.
La primera en preguntar fue Flor Weisse (UDI), quien indagó sobre la supuesta relativización que Amor habría hecho en relación a la situación de su padre.
Más detalles sobre Isabel Amor
El interrogatorio continuó con Paula Labra (RN), quien realizó varias preguntas durante su intervención. Directamente a la ministra Orellana, la parlamentaria consultó sobre cuándo tuvo en su poder el borrador de la entrevista concedida a El Mercurio, si fue antes o después de la desvinculación de Amor.
Posteriormente, Orellana tomó la palabra para abordar el tema.
Recordando la normativa de Alta Dirección Pública, la secretaria de Estado explicó que la representante en el ministerio durante el proceso de selección está legalmente prohibida de entregar información sobre el concurso.
Más adelante, la ministra afirmó que no tenía conocimiento previo sobre el concurso y que actuó en cumplimiento de la ley al no tener acceso a esa información.
Respecto a los desacuerdos expresados por algunas diputadas y diputados, Orellana subrayó la importancia de distinguir entre desacuerdo legítimo y acusaciones infundadas o ilegales.
Finalizadas las intervenciones de la ministra y la directora, los representantes de la oposición quedaron insatisfechos y continuaron presionando con sus preguntas.
La diputada Labra volvió a cuestionar si Orellana había tenido acceso al borrador, mientras que Olivera y Guzmán formularon nuevas interrogantes. Carla Morales también insistió en obtener información sobre la falta que motivó la desvinculación de la funcionaria y que aún no había sido respondida.
Ante la insistencia de las diputadas y de Guzmán, la ministra negó las acusaciones en su contra.
Concluyendo la sesión, la presidenta de la comisión, Ana María Bravo (PS), destacó que, a pesar de las preguntas sin respuesta, las acciones se basaron en las facultades normativas establecidas por ley.