La ofensiva del gobierno frente a diálogos digitales en Hermosilla

“Aquí se muestra la clara oposición del Estado hacia nosotros y eso ha sido evidente. Este abogado ha debido responder a todas las declaraciones de ministros y el Presidente de la República”.

Las palabras recientes del abogado Juan Pablo Hermosilla en la audiencia frente a la Corte de Apelaciones de Santiago, que revisaría las medidas cautelares contra su hermano, el abogado Luis Hermosilla, destacan la convicción de su equipo de que La Moneda optó por involucrarse en el proceso de manera activa.

El Presidente Gabriel Boric, no solo celebró en dos ocasiones la detención del abogado penalista acusado de diversos delitos, sino que también el Ministerio de Vivienda, dirigido por el ministro Carlos Montes, anunció una investigación para esclarecer si el exministro Carlos Ward agilizó permisos para un proyecto a petición de Hermosilla.

Aunque desde La Moneda y el Ministerio de Vivienda aseguran que las acciones del Presidente y del ministro van por caminos separados, la realidad es que desde el inicio del caso, los equipos gubernamentales siguen detalladamente los nuevos antecedentes que van surgiendo y han decidido no quedarse al margen.

De hecho, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, expuso la postura del Ejecutivo al intervenir en estos casos: “Nos pronunciaremos sobre situaciones específicas cuando la Fiscalía, cuando la justicia determine que estos rumores podrían dar lugar a investigaciones por posibles delitos”.

Esta estrategia genera preocupación en algunos sectores, ya que, en medio de los nuevos detalles surgidos, también aparecen nombres del oficialismo: en las conversaciones de Hermosilla sobre la designación del fiscal nacional se menciona la preferencia del ministro Álvaro Elizalde por un candidato específico, mientras que en otra conversación se alude a una gestión con la exministra Ana Lya Uriarte en el contexto del cierre del caso Caval.

Gestiones en el Ministerio de Vivienda

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, llevó a cabo diversas reuniones para coordinar la investigación sobre los permisos otorgados al proyecto Parque Capital, perteneciente al Grupo Patio y ubicado en Lampa. La empresa inmobiliaria es propiedad de la familia de Álvaro Jalaff, implicado en el caso Factop tras las conversaciones de Hermosilla.

Según fuentes del Ministerio de Vivienda, la iniciativa del ministro PS fue propia y contó con la activa participación de la seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, Carolina Casanova, y la jefa jurídica de la cartera, Marcela Rivas.

El ministro hizo pública su decisión este miércoles y anunció que los resultados de la investigación serán entregados al Ministerio Público.

Se espera que esta investigación concluya hacia mediados de la próxima semana, momento en el cual los antecedentes serán remitidos al fiscal nacional, Ángel Valencia.

Los posibles efectos de la maniobra

La acción del gobierno en el “Caso Audio” presenta al menos cuatro factores que podrían convertirse en riesgos para el Ejecutivo.

Uno de estos intentos fue abordado por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, luego de ser mencionado en una conversación de WhatsApp con Luis Hermosilla y el abogado Francisco Feres durante el proceso para elegir al fiscal nacional. En ese momento, Elizalde era senador.

En esa charla, divulgada por diversos medios, Hermosilla y Feres mostraron su preferencia por un candidato específico presentado por el gobierno de Boric. Asimismo, el abogado mencionó a Elizalde en relación con otro candidato durante la conversación.

Esta situación llevó a Elizalde a aclarar que no tiene ninguna relación con Hermosilla ni con Feres, y que su amistad con Valencia es pública. Además, señaló que se abstuvo de votar por Valencia cuando fue propuesto como fiscal nacional.

Elizalde también tuvo que afrontar otro aspecto desconocido hasta ahora, ya que en la conversación entre Hermosilla y Feres se menciona una reunión de este último con dos ministras del gobierno para obtener información sobre la selección del fiscal nacional. Elizalde consultó con la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien negó estar involucrada en dicha reunión. Asimismo, sugirió que tampoco se trataría de Ana Lya Uriarte, quien en ese momento negociaba la postulación de los candidatos a fiscal nacional.

Otro aspecto que se desprende de la ofensiva del gobierno en el “Caso Audio” es que la defensa del penalista argumenta una intervención y politización de la situación por parte del Ejecutivo, similar a lo sucedido tras las declaraciones de Boric. Esto, según el abogado Juan Pablo Hermosilla en la audiencia en la Corte de Apelaciones, donde acusó una maniobra del Estado en contra de su cliente.

Por otro lado, la estrategia del gobierno en este caso podría tener implicaciones políticas en la relación con la oposición. Actualmente, el gobierno se enfrenta en el Congreso a la negociación de reformas fundamentales, como la ley de pensiones, el pacto fiscal o el próximo proyecto para eliminar el Crédito con Aval del Estado. Aún no está claro cuál será la postura de la UDI ante las acciones del gobierno enfocadas en el exministro Felipe Ward.