Gestión de la ministra Orellana ante la dimisión de Isabel Amor genera controversia en el oficialismo
“Es claramente injusto que una persona sea penalizada por los actos de su padre, por muy reprobables que estos sean”. Así respondió el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, a la cuestión sobre la salida de Isabel Amor Alfaro de la dirección regional en Los Ríos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg).
Las declaraciones del ministro en Radio 13C fueron notorias en La Moneda, pues se consideraron divergentes de la estrategia comunicacional que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha intentado establecer tras la salida de Amor, argumentando “pérdida de confianza” y no como reacción a las acciones de su padre.
No obstante, en la Segpres sostienen que Elizalde no difiere de la postura que expusieron Orellana y Sernameg. Afirman que el ministro apoyó las declaraciones de la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, aunque con palabras distintas.
Aparte de lo expresado por Elizalde, en Palacio se percibe que la respuesta de la ministra de la Mujer, cercana al Presidente Gabriel Boric, fue tardía, y que el medio escogido, una carta al director de El Mercurio, no era el más adecuado para pronunciarse.
Aunque Amor atribuyó su destitución a ser hija del médico y ex militar Manuel Amor (condenado por complicidad en violaciones a los derechos humanos), Orellana refutó y señaló que la causa fue la “pérdida de confianza”, así como el servicio. Además, mencionaron que la decisión también se tomó por “comentarios inapropiados sobre la condena de su padre, hechos al conocer al equipo del servicio en Los Ríos; y el envío de un artículo periodístico aún sin publicar, donde relativiza la culpa de su padre, a pesar de una condena firme por violaciones a los derechos humanos”.
Ese mensaje fue reforzado por Orellana en entrevistas radiales y conferencias de prensa. No obstante, algunos en el Ejecutivo consideran que su manejo fue lento y reactivo, lo que permitió que el tema escalara innecesariamente.
El tema lleva días en el debate público y ha generado críticas desde el Congreso, que solicitó respuestas a la ministra de Estado. Además, la UDI decidió citarla a la Comisión de Mujeres para abordar la controversia.
Coordinación en el Ministerio de la Mujer
En el Ministerio de la Mujer, aseguran que Orellana coordinó sus declaraciones con Vallejo, manteniendo una línea de comunicación uniforme.
Vallejo manifestó que “en el gobierno se producen desvinculaciones por diversas razones, según lo establece nuestro marco normativo”.
Concluyó su intervención afirmando que “ninguna pérdida de confianza está relacionada con lazos de sangre”.
Según el Ministerio de la Mujer, la demora en la respuesta pública de Orellana se debió a que permitieron al Sernameg manejar el tema, como se hace en otros casos de desvinculaciones de funcionarios.
Reiteraron que la decisión de pedir la renuncia fue por relativizar asuntos de derechos humanos, no por ser hija de un condenado por delitos de lesa humanidad.
Reacciones en el Congreso
En el oficialismo, algunos creen que la gestión de Antonia Orellana ante esta crisis no ha sido tema de discusión regular, aunque ha llamado la atención cómo ha manejado la situación.
En la Delegación Presidencial de Los Ríos no han participado en la situación, ya que todo se ha manejado desde el nivel central. El delegado César Asenjo no ha comentado al respecto.
En el Congreso, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), fue consultada sobre el caso. Declaró que “solo conocemos lo que se ha dicho públicamente: que había elementos que no se consideraron al tomar la decisión”.
Aclaró que, al formar parte de otro poder del Estado, no pueden intervenir en los procesos de contratación o designación de cargos que son de confianza directa del Presidente.
Concluyó diciendo que “si hubo alguna arbitrariedad o situación desconocida que esté siendo denunciada, evidentemente serán los organismos correspondientes los que deberán resolverlo”.