Familiares de parlamentarios no podrían aspirar a cargos de notario
La reunión de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado se llevó a cabo este lunes en la sede del Congreso en Santiago para analizar la propuesta que busca modificar el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales.
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En dicha sesión, la senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Luz Ebensperger solicitó una revisión de un artículo que previamente se había acordado y que eliminaba la prohibición para los familiares de parlamentarios de aspirar a cargos en notarías.
Lo que había planteado el gobierno
A comienzos del año, el Presidente Gabriel Boric había presentado una modificación para impedir que los familiares de ciertas autoridades fueran designados como notarios archiveros y conservadores.
En esta propuesta del Ejecutivo, la inhabilidad estaba dirigida a “quien esté vinculado por matrimonio, por acuerdo de unión civil, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, por afinidad hasta el segundo grado, o por adopción, al Presidente de la República, a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a los gobernadores regionales, a los senadores, a los diputados, al fiscal nacional del Ministerio Público, al contralor general de la República, a los ministros del Tribunal Constitucional, a los funcionarios del Escalafón Primario del Poder Judicial o a los abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia”.
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“Esta restricción se aplicará por un período de hasta tres años contados a partir de la efectiva finalización del cargo respectivo”, expresaba la propuesta gubernamental.
Restitución de la prohibición por parte de la comisión
Se requería del consentimiento unánime de los integrantes de la comisión de Constitución para revertir esta situación, y la propuesta de la senadora Ebensperger fue respaldada por la instancia.
Todo esto sucediendo en medio de un clima de desconfianza en la relación entre los ámbitos político y judicial, a raíz de las revelaciones del caso Audio, con los lazos familiares de legisladores vinculados a notarios y conservadores creando un ambiente de desconfianza durante el proceso del proyecto.
En el debate generado, los legisladores discutieron la posibilidad de extender las prohibiciones a otros cargos dentro de la administración. Finalmente, se decidió restablecer la prohibición para los familiares de parlamentarios y se acordó establecer un periodo de un año como restricción luego de que la autoridad deje su cargo.
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