Contraloría investiga acuerdos de fundación daya
Investigan acuerdos de Fundación Daya por irregularidades
La Contraloría General de la República (CGR), en su informe N° 247 del 2024, detectó inconvenientes importantes al examinar pactos firmados entre la Fundación Daya y 13 municipalidades a lo largo del país.
Tras analizar los convenios suscritos entre enero de 2015 y diciembre de 2023 con las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla, se destinaron recursos por un total de $423.426.000 para implementar un programa de uso compasivo de aceite de cannabis en tratamientos médicos, no obstante, se entregaron $359.025.625 a la fundación.
Contraloría informó que el laboratorio encargado de elaborar el aceite de cannabis no contaba con la aprobación del Instituto de Salud Pública (ISP) durante gran parte del proyecto, lo que cuestiona la legalidad del proceso. A su vez, aunque se destinaron fondos importantes, las dosis producidas resultaron insuficientes para cumplir con los acuerdos establecidos, perjudicando a los pacientes que necesitaban dicho tratamiento.
En una denuncia previa realizada por el diputado Juan Irarrázaval, se destacó la falta de acción de algunos municipios, lo que obstaculizó la ejecución del proyecto. La diputada y fundadora de la organización, Ana María Gazmuri, respondió a estas acusaciones.
Anomalías detectadas en los acuerdos
De acuerdo con el reporte de la Contraloría en su página web, uno de los hallazgos relevantes es que, a pesar de los convenios y transferencias de recursos a la fundación entre junio de 2015 y diciembre de 2016, no se tenía certeza acerca de la autorización del ISP al laboratorio encargado de producir el fitofármaco, autorización que se obtuvo en 2018 para elaborar 7.200 dosis de manera provisional.
Asimismo, se constató que nueve de las 13 municipalidades no recibieron el medicamento acordado y solo dos municipios obtuvieron una parte de las dosis acordadas. Sin embargo, algunos municipios no tomaron medidas para exigir el cumplimiento total de los acuerdos, ni la restitución de los recursos transferidos a la fundación ante el incumplimiento de los fines establecidos.
La Contraloría también identificó incumplimientos por parte de los gobiernos locales en cuanto a las rendiciones de cuentas, como la falta de solicitud de las mismas con la periodicidad establecida, la ausencia de comprobantes de ingreso y egreso de los recursos transferidos a la fundación, y la carencia de respaldos de los gastos realizados.
Resumen e implicaciones de la investigación
Considerando los resultados obtenidos, la Contraloría anunció la apertura de un proceso para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos. Asimismo, se informó que los resultados de la investigación serán comunicados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las acciones pertinentes.