Apoyo de Danielle Zaror a medidas legislativas para controlar la inteligencia artificial
Reflexiones sobre la regulación de la inteligencia artificial
Hace algunas semanas, se llevó a cabo un encuentro en la Facultad de Ingeniería de la U. de Chile, donde tuvimos la oportunidad de dialogar con un grupo de profesionales de OpenAI, quienes realizaron su primera “hackaton” en la región. Durante la conversación, surgieron temas de interés que nos llevaron a reflexionar sobre la intersección entre la tecnología y diversas disciplinas académicas.
En ese contexto, la abogada Anna Makanju, vicepresidenta de la reconocida startup, fue consultada por profesores universitarios acerca de diversos aspectos relacionados con la inteligencia artificial (IA) generativa. Uno de los temas abordados fue la regulación, donde se planteó la preocupación acerca de buscar soluciones a través de la ley, considerando que en muchas ocasiones la tecnología misma puede ofrecer respuestas a los desafíos planteados, atendiendo a su aplicación específica. De esta forma, surge la pregunta clave: ¿Dónde se encuentra la brecha?
El debate cobra relevancia dado que el gobierno chileno ha presentado un proyecto de ley para regular la IA. Sin embargo, esta propuesta genera inquietudes debido a la rapidez con la que evoluciona la tecnología, lo que podría llevar a normativas que queden obsoletas frente a los avances y cambios continuos en este ámbito.
Expertos a nivel global sugieren evaluar el impacto de la tecnología, su adopción por parte de la población y su integración en las dinámicas económicas y sociales. Asimismo, proponen explorar soluciones flexibles que permitan adaptarse de forma periódica, a través de una supervisión constante de las autoridades especializadas en el tema, así como la adopción de normas más flexibles que la legislación.
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Ante este escenario, la estrategia adoptada por el gobierno chileno parece alejarse de las recomendaciones de los expertos, al promover leyes para regular la inteligencia artificial y delegar la supervisión del tema a la Agencia de Protección de Datos Personales. Si bien el proyecto de ley ha sido aprobado, su implementación se retrasará dos años una vez que se promulgue.
Esta decisión conlleva posponer la gobernanza de un tema crítico a un futuro incierto, dejando en manos de una institución que no fue diseñada específicamente para abordar este tipo de problemas, enfrentando así desafíos significativos en su puesta en marcha y aplicación.
Si bien el Ejecutivo y Legislativo tienen incentivos para legislar, es fundamental asegurar que las leyes propuestas realmente aborden los problemas existentes y no generen nuevas complicaciones. La efectividad de las normativas es clave para evaluar la eficacia de las instituciones gubernamentales.
Por Danielle Zaror, profesora de Derecho en la U. de Chile.