Alianza de partidos políticos promueve presentar acusación constitucional contra magistrado.

Un nuevo panorama se aclaró en las filas del oficialismo en relación a las acusaciones constitucionales contra jueces de la Corte Suprema, debido a las filtraciones de audios y chats del abogado penalista Luis Hermosilla, quien había tejido una red de relaciones e intereses con magistrados, políticos y fiscales.

El día de ayer aún persistía la incertidumbre sobre si todas las facciones de los partidos de gobierno respaldarían las acusaciones contra la magistrada Ángela Vivanco y el juez Jean Pierre Matus.

En la jornada de hoy, las interrogantes se disiparon tras una reunión entre los líderes de las bancadas del oficialismo y la DC en el comité del PS, donde se decidió apoyar la acusación contra Vivanco y también presentar una acusación contra Matus, anunciada por el vicepresidente de la Corporación, Eric Aedo (DC).

La situación continúa más adelante

Con respecto a esta situación, después de la reunión, el jefe de la bancada PS, Daniel Melo, expresó: “Los sucesos relacionados con el caso Hermosilla son de suma gravedad y demandan que actuemos de manera coordinada. Los socialistas estamos dispuestos a unir fuerzas en torno a la acusación constitucional, es por ello que convocamos a todo el oficialismo junto con la DC para presentar conjuntamente la acusación contra la ministra Vivanco, además de haber llegado a un acuerdo con la DC y el oficialismo para presentar otra acusación contra el ministro Matus”.

“Todas estas medidas persiguen la meta de trabajar en bloque con las fuerzas oficiales para combatir la corrupción y el tráfico de influencias, caiga quien caiga, porque no podemos permitir más actos como los que hemos presenciado en nuestro país con el caso de los audios, que son verdaderamente repudiables”, enfatizó Melo.

En la reunión participaron las diputadas Lorena Fries (FA), Lorena Pizarro (PC), y los diputados Jaime Araya (PPD), Eric Aedo (DC) y el subjefe de la bancada PS, Nelson Venegas.

Un párrafo extra

Ante esta coyuntura, es fundamental que los partidos políticos logren consensos para fortalecer la institucionalidad democrática y la transparencia en la toma de decisiones dentro del ámbito judicial. La unión de fuerzas es clave para garantizar la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia en el país.