Administración de Milei elimina entidad para investigación de menores desaparecidos en dictadura
Administración de Milei elimina entidad para investigación de menores desaparecidos en dictadura
El miércoles, el Gobierno de Argentina decidió disolver la unidad encargada de investigar el paradero de niños desaparecidos durante la dictadura, que dependía de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). La razón dada fue que la normativa que sustentó su creación durante el mandato de Néstor Kirchner “violaba la separación de poderes”.
Un comunicado del Ministerio de Justicia explicó que “esta unidad del Poder Ejecutivo vulneraba el régimen constitucional de separación de poderes, ya que realizaba funciones que correspondían al Poder Judicial y violaba gravemente el derecho a la privacidad de los ciudadanos argentinos”.
De acuerdo con el ministerio, el Ejecutivo se había “adjudicado la facultad de llevar a cabo investigaciones sobre actos criminales, usurpando la competencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal”. “Esta superposición constituye una infracción severa a nuestra Constitución que no se puede tolerar. Es evidente que es el Ministerio Público Fiscal el que tiene la responsabilidad exclusiva de realizar investigaciones y presentar denuncias ante el Poder Judicial”, añadieron.
Además, se indicó que “gobiernos anteriores asumieron ilegalmente la autoridad para acceder de manera directa y arbitraria a la información personal de todos los ciudadanos argentinos mediante la Unidad Especial de Investigación”, lo que “transgredió el sagrado y fundamental derecho a la privacidad de las personas”.
Reacciones y críticas
Tras esta decisión, las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron “una nueva ofensiva” contra la búsqueda de sus nietos y nietas “apropiados durante la última dictadura cívico-militar”. “La práctica sistemática del robo de bebés fue probada y condenada por la justicia hace ya 12 años. Un crimen que además de la sustitución de identidad de menores, incluyó el secuestro, desaparición, partos en condiciones inhumanas y asesinato de nuestras hijas y nueras”, señalaron.
También exigieron al Gobierno nacional que informe cómo se continuará desarrollando la labor de la Unidad, crucial para esclarecer este crimen de lesa humanidad. “La solicitud de información a otras dependencias del Estado es una herramienta esencial para resolver la cuestión de la apropiación de menores durante la dictadura, pero también en tiempos de democracia,” subrayaron en un comunicado publicado en su página web.
Por último, indicaron que el Estado argentino “incumple normas internacionales de rango constitucional y promueve la impunidad por delitos cometidos” y por cometer “al desfinanciar, vaciar y eliminar áreas que abordan cuestiones de Derechos Humanos en general, y el derecho a la identidad en particular”.