Ministerio público, asociaciones bancarias y cooperativas cuestionan nueva normativa sobre protección de datos ante el Tribunal Constitucional

Ministerio público, asociaciones bancarias y cooperativas cuestionan nueva normativa sobre protección de datos ante el Tribunal Constitucional

Preocupación del Ministerio Público

El Ministerio Público junto a entidades financieras expresaron sus reservas ante la reciente Ley de Protección de Datos Personales, que establece la creación de la Agencia de Protección de Datos, imponiendo multas de hasta 20.000 UTM a empresas por infracciones, con posibilidad de ser triplicadas en caso de reincidencia.

El Ministerio Público alertó sobre una eventual injerencia de la Agencia en sus funciones, poniendo en riesgo su autonomía constitucional y su capacidad de llevar a cabo investigaciones sin interferencias externas.

En opinión del Fiscal Nacional, el manejo de datos personales es fundamental para ejercer sus funciones, especialmente en herramientas como el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), que utiliza información para detectar patrones delictivos y mejorar las investigaciones penales.

Un vistazo al sector financiero

En contraste, las asociaciones gremiales expresaron su inquietud por las severas sanciones contempladas en la ley, temiendo que afecten negativamente a sectores comerciales y de marketing digital que dependen en gran medida del uso de datos personales para operar con eficacia.

Destacaron que estas medidas podrían limitar la actividad empresarial y afectar el desarrollo de sectores clave, donde el uso legítimo de datos es esencial para sus operaciones.

Opiniones de los expertos

La abogada Macarena Gatica señaló que las multas previstas en la ley podrían tener impactos significativos en empresas, especialmente en casos de reincidencia, pudiendo afectar gravemente su situación financiera.

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Por otro lado, Marcelo Drago mencionó la disputa entre el Ministerio Público y la Agencia de Protección de Datos, destacando la importancia de encontrar un equilibrio entre la autonomía de la Fiscalía y la supervisión necesaria en la gestión de datos personales.

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