Suprema desestima continuidad imputación fiscal por dar información a narcotraficante
La Suprema desestima la continuidad de la imputación fiscal por suministrar información a un traficante de drogas
En septiembre de 2023, el Ministerio Público finalizó la investigación administrativa contra el ex fiscal jefe de Puerto Natales, Cristián Muñoz, en la Región de Magallanes. En aquella ocasión, la entidad decidió separar al fiscal por su presunta relación con un acusado de tráfico de estupefacientes, al cual supuestamente le habría facilitado datos.
A pesar de esto, la situación de Muñoz continuó desarrollándose. En junio de este año, la Fiscalía Regional de Aysén optó por detener y procesar al ex fiscal jefe de Puerto Natales, acusándolo de cohecho y revelación de secretos. Desde entonces, el caso ha pasado por diversas instancias judiciales, siendo la más reciente ante la Corte Suprema, instancia que detuvo parcialmente la acción del Ministerio Público, liderada por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
Este último funcionario judicial, según reportó T13, se encuentra bajo investigación por los mismos delitos que acusó a Muñoz. Luego de descubrir un audio en el celular del abogado Luis Hermosilla, se inició una investigación para determinar si reveló secretos de una investigación de narcotráfico, ya que habría proporcionado información sobre un caso según la Ley 20.000. Internamente en el Ministerio Público, se comenta: “Ni Netflix se atrevió a tanto”, haciendo alusión al cambio de rol de Palma, quien pasó de ser cazador de dichas conductas a ser “cazado” a raíz de la denuncia presentada en un reportaje televisivo.
Detalles relevantes de la decisión judicial
La resolución del tribunal supremo se centra en la demanda presentada por la Fiscalía en contra de Muñoz. Dado que se trata de un funcionario del sistema de justicia, la entidad acusadora debe presentar esta documentación para poder imputar delitos al acusado e investigarlo por sus acciones mientras ejercía sus funciones. Esta medida busca proteger a fiscales y jueces de acusaciones infundadas relacionadas con su trabajo.
La acusación presentada por la Fiscalía Regional de Magallanes, encargada de indagar el caso en la región vecina, se refería a los delitos de cohecho y revelación de secretos. Esto se debe a que, según la Fiscalía, el ex fiscal habría recibido un vehículo como parte de un soborno para favorecer una causa, además de haber advertido sobre un operativo contra un traficante de drogas local.
Un freno parcial a la investigación
En junio pasado, tras su detención, el ex fiscal fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas y quedó bajo arresto domiciliario total con arraigo nacional. Sin embargo, la corte de la región revocó la medida y decretó su prisión preventiva. Posteriormente, esta decisión fue revertida en julio por la Corte Suprema, otorgando libertad inmediata al ex fiscal.
Simultáneamente, la defensa de Muñoz, liderada por la abogada Maritza Navarrete, apeló la acusación de la Fiscalía. A pesar de que esta apelación fue rechazada por la corte local, la defensa decidió recurrir al máximo tribunal para revisar el caso.
La defensa ante la Suprema y el veredicto
En la apelación ante la Corte Suprema, la defensa argumentó que no existían pruebas suficientes para imputar los delitos, asegurando que el ex fiscal no recibió ningún soborno ni reveló información al delincuente. La Suprema decidió rechazar la solicitud de la defensa para desestimar la acusación de cohecho, permitiendo que la investigación continúe para probar dicho delito ante el tribunal.
No obstante, la Corte Suprema decidió a favor del ex fiscal en cuanto al delito de revelación de secretos, determinando que la Fiscalía no aportó evidencias suficientes ni indicios serios de la supuesta violación de secreto. Esta decisión se basó en un mensaje que Muñoz envió a su arrendador, quien era socio del traficante, el cual no demostraba una revelación específica de información confidencial, sino más bien una conversación genérica.
Declaraciones de la defensa
La abogada defensora, Maritza Navarrete, expresó su conformidad con la sentencia de la Corte Suprema, destacando que se desestimó un cargo infundado contra su representado. Respecto al delito de cohecho, argumentó que sigue siendo mantenido por motivos técnicos y no sustanciales, dejando en manos del juicio oral la resolución de esta cuestión. La defensa espera que, tras la evaluación de las pruebas, Muñoz sea absuelto de los cargos de cohecho y pueda restaurar su inocencia.