Nominación de nuevo representante de la Corte Suprema en el Tribunal Constitucional
Designación de un nuevo representante en la Corte Suprema para el Tribunal Constitucional
La problemática en torno a las instituciones se ha vuelto contagiosa. A los eventos que se han evidenciado en múltiples municipalidades y en la Policía de Investigaciones se suman las dudas concernientes a ciertos jueces de la Corte Suprema, incluyendo la apertura de un expediente para destituir a uno de ellos. Además, se anticipan acusaciones constitucionales contra varios miembros del máximo tribunal, sin dejar de lado las implicaciones penales relacionadas con los mismos acontecimientos investigados disciplinariamente.
Es fundamental tener en cuenta que, aunque todas las instituciones contribuyen al Estado de Derecho, el poder judicial liderado por la Corte Suprema desempeña un papel vital, ya que como ha señalado la Comisión de Venecia, son “los guardianes de los derechos de las personas”. Por ello, los principios que rigen la organización judicial se vinculan con la independencia, la responsabilidad, la inamovilidad y el sistema de designación de los jueces. A estos se debe añadir lo dispuesto en el Código Iberoamericano de Ética Judicial que la Corte Suprema ha incorporado en su Auto Acordado del año 2007.
A pesar de que se ha anunciado que próximamente se tramitará un proyecto de reforma constitucional sobre nombramientos judiciales, creemos que se presenta una valiosa oportunidad para que la Corte Suprema rehabilite su imagen ante la opinión pública. Esto se debe a que recientemente ha cesado en sus funciones uno de los jueces del Tribunal Constitucional cuyo nombramiento fue autorizado por dicha judicatura. Por ende, la Corte Suprema deberá convocar de forma inmediata a un concurso público para elegir a su reemplazo.
En efecto, este es un momento crucial para que la Corte Suprema demuestre su capacidad de contribuir a la conformación del Tribunal Constitucional con un candidato de alta trayectoria y experiencia en temas constitucionales. Este punto es relevante, ya que los temas constitucionales requieren hoy en día un alto grado de especialización. Es importante destacar que los preceptos de la Constitución no se interpretan de la misma manera que las leyes, demandando del Tribunal Constitucional una comprensión clara de su papel como contrapeso del legislador en el entramado del Estado de Derecho. Además, las decisiones que adoptan los tribunales constitucionales en cualquier parte del mundo se sitúan en un delicado equilibrio entre el derecho y la política.
Para ello, se necesitan individuos con la suficiente independencia, prudencia y formación para guiar al legislador más que para enmendarlo.
Si la Corte Suprema logra seleccionar al nuevo integrante del Tribunal Constitucional teniendo en cuenta estos criterios, podemos confiar en que nuestros derechos seguirán siendo resguardados. Asimismo, la Corte Suprema podría surgir nuevamente como el “ave fénix” de la crisis actual por la que atraviesa.