Javier Sajuria examina la injerencia en elección de jueces por escándalos de corrupción

Los recientes descubrimientos en torno al caso “Audios” revelan de manera contundente las conexiones personales que ciertos integrantes de la Corte Suprema mantienen, poniendo en entredicho su aptitud para el cargo. No se limita únicamente al opaco proceso mediante el cual se obtienen las nominaciones propuestas por el Ejecutivo, sino también a los posibles favores que se retribuyen. Esta crisis no solo se origina por las conductas individuales de los implicados, sino también por los incentivos institucionales de un sistema que ejerce una poderosa influencia política sobre los tribunales. Por ende, la solución debe combinarse entre acciones individuales y reformas estructurales.

Los tribunales son entidades políticas. Lo que una vez pudo parecer una afirmación arriesgada, en la actualidad es un hecho evidente a nivel global. Incluso en naciones con una tradición judicial similar al servicio público, el poder judicial desempeña un papel fundamental en la política, estableciendo límites y velando por la protección de ciertos derechos que puedan estar en riesgo debido a mayorías circunstanciales.

Indicadores políticos en decisiones judiciales

Una investigación publicada el año anterior por Pavón, Carrasco y Pardow revela que los jueces de carrera en la Corte Suprema emiten fallos que claramente se alinean con posturas ideológicas. Este estudio se complementa con un trabajo realizado junto a Jorge Fábrega y Sammy Drobny hace algunos años, donde se observa que los ministros designados en cuotas políticas para el Tribunal Constitucional adoptan un comportamiento más polarizado que aquellos nombrados por la Corte Suprema. En esencia, la evidencia sugiere que los jueces muestran preferencias políticas que se reflejan en sus decisiones.

Detalles adicionales

Afirmar que los tribunales son entidades políticas no equivale a señalar que son corruptos. Lo que hemos presenciado en estas últimas semanas va mucho más allá, revelando una situación sumamente compleja y grave que va más allá de evidenciar las afinidades ideológicas en el poder judicial. En este sentido, sería ingenuo pensar que los jueces actúan de manera desvinculada de consideraciones ideológicas, y que su forma de interpretar y aplicar la ley carece de relación con la comprensión de la sociedad. No obstante, no sería prudente creer que esas decisiones, por sesgadas que puedan ser, no estén relacionadas con actos potenciales de corrupción. Por ejemplo, es comprensible que los ministros de la Corte deban realizar cierta campaña frente al Congreso para obtener los votos de su nominación, pero es totalmente distinto si esa campaña se basa en intercambios de favores, dinero o incluso en un uso indebido de las facultades jurisdiccionales.

Implicaciones a corto y largo plazo

Si la confianza en el Poder Judicial, así como en las instituciones en su totalidad, ya se encontraba en un nivel crítico, estas revelaciones terminarán por minar lo que resta de ella. La solución a largo plazo resulta compleja y resistida: una reforma integral al sistema de nominaciones judiciales, desde los notarios hasta la Corte Suprema, que reduzca la influencia de los actores políticos. La última vez que se abordó este tema en serio fue durante el proceso constituyente dos años atrás. Es necesario que la frustración de algunos por el fracaso de dicho proceso no impida rescatar las medidas urgentes y necesarias. A corto plazo, las posibles soluciones dependen de la disposición de los involucrados. Afortunadamente, a diferencia de los legisladores, los jueces de todos los niveles tienen la posibilidad de renunciar a sus cargos. Quizá sea el momento de recordárselo.