Esencial modernización en notarios y registros

Un reportaje publicado por este medio ha revelado la notable riqueza que poseen principalmente dos de los tres responsables del Registro de Propiedad de Santiago, donde se concentran propiedades en zonas de alto nivel. Los datos, obtenidos de las declaraciones de intereses y patrimonio que deben presentar notarios y registros, evidencian las grandes ganancias que estos funcionarios pueden acumular gracias a sus funciones exclusivas, que ejercen de por vida, sin una regulación adecuada para controlar los honorarios y con mecanismos de nombramiento poco transparentes.

Si bien las tareas desempeñadas por los registros y notarios en general ofrecen suficiente confiabilidad, resulta inaceptable que el Estado permita que se generen condiciones bajo las cuales, en el ejercicio de funciones públicas y reguladas, se obtengan ganancias millonarias, lo que explica el interés por ocupar estos cargos y la resistencia a implementar cambios que racionalicen estos ingresos y faciliten la entrada de nuevos participantes. Un informe de la Fiscalía Nacional Económica, realizado en 2018, reveló que en el 100% de los 17 trámites más comunes en las notarías, no se respetaron los aranceles establecidos, y se observa una falta de competencia al explicar las elevadas ganancias: en ese momento, el notario promedio obtenía ingresos mensuales cercanos a los $14 millones.

Por otro lado, se ha descubierto que más del 50% de los notarios y registradores mantenían vínculos familiares con parlamentarios o miembros del Poder Judicial. Revelaciones recientes en torno al caso “Topógrafo” están revelando maniobras desde el interior del propio Poder Judicial para favorecer ciertos nombramientos de notarios.

Modernización imprescindible del sistema

Resulta evidente que el sistema de notarías y registros requiere cambios esenciales, no solo en su proceso de nombramiento, sino también en la implementación de mejoras significativas que simplifiquen los trámites, los agilicen y los ofrezcan a precios más competitivos. Hace casi seis años se presentó un proyecto de ley para abordar la modernización de este sistema, donde se han evidenciado resistencias al cambio. La lentitud en su tramitación -a pesar de haber sido aprobado por la Cámara en enero de 2020, la demora en el Senado ha sido notoria- responde a los diversos intereses en juego. Situaciones escandalosas han surgido, como la eliminación de la figura de los fedatarios por la Comisión de Constitución del Senado, sin brindar explicaciones convincentes, siendo una de las innovaciones propuestas que habría ayudado a reducir costos y ofrecer más alternativas a los usuarios.

Los cargos tampoco pueden seguir siendo vitales de por vida, un privilegio poco común en el ámbito público, donde al menos hay consenso en que se debe limitar la edad máxima a 75 años, y es esencial permitir que la mayoría de los trámites se realicen de forma digital. Los nombramientos deben ser realizados por entidades libres de presiones políticas y corporativas, y los aranceles de notarios y registrales deben estar más regulados. Estos han estado fijados desde 1998, sin reflejar los costos reales; aunque el Ministerio de Justicia ha decidido revisarlos y ajustarlos por el IPC, su estructura debe simplificarse y sus valores deben ser competitivos.