Argumentos legales para anular la detención preventiva de Jadue
Modificación de medida cautelar para Daniel Jadue
En una decisión tomada por la magistrada del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Paula Brito, se resolvió cambiar la prisión preventiva que afectaba al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien estuvo detenido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber por un periodo de 91 días.
A pesar de que el otrora jefe comunal fue privado de su libertad el 3 de junio, tras ser formalizado por el Ministerio Público por diversos delitos, el tribunal, luego de una intensa audiencia, accedió a la solicitud de la defensa del imputado y sustituyó la medida cautelar por arresto domiciliario total, prohibición de contacto con coimputados y arraigo nacional.
Consideraciones del tribunal
La jueza de Garantía evaluó la conducta intachable previa de Jadue y observó que, al perder su cargo como alcalde después de 12 años, se reducía el riesgo de manejar recursos públicos. Asimismo, se tuvo en cuenta que, antes de enfrentar los cargos, el exalcalde decidió permanecer en el país, cancelando un viaje a Venezuela que tenía planificado.
Criterios legales para la anulación de la detención preventiva
La magistrada basó su decisión en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual sugiere evitar la prisión preventiva si existen otras alternativas para salvaguardar el proceso de investigación. Se hizo hincapié en la proporcionalidad de la medida y la limitación de derechos necesaria en una sociedad democrática, buscando no anticipar una pena y garantizar que el imputado comparezca a futuras audiencias.
Aplicación de medidas cautelares adicionales
Al no considerar necesaria la prisión preventiva, se optó por otras medidas cautelares con el objetivo de asegurar la comparecencia del imputado en próximas audiencias. Se evaluó el impacto público del caso y se señaló que, dadas las circunstancias actuales, la situación no se repetiría.
En resumen, la modificación de la medida cautelar para Daniel Jadue se fundamentó en criterios legales y en la evaluación de riesgos, buscando garantizar el debido proceso y la continuidad de la investigación sin comprometer la presunción de inocencia.