Apelación de ex cliente a libertad de corredora de bolsa: Sauer vs. Topelberg
Apelación de antiguo cliente a independencia de firma de inversión: Sauer vs. Topelberg
Una compañía llamada Nova Trade Solutions, que en el pasado fue cliente de la firma STF Capital, ha presentado una apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago después de que un tribunal revocara la medida de prisión preventiva impuesta a Rodrigo Topelberg Kleinkopf, reemplazándola por arresto domiciliario y restricción de movimientos a nivel nacional.
Rodrigo Topelberg enfrenta acusaciones por siete delitos, entre los que se incluyen estafa, mal uso de documentos comerciales privados, prácticas desleales, violaciones a la legislación bursátil, apropiación indebida y lavado de activos. Según la denuncia presentada, dichos actos criminales perjudicaron a varias víctimas, incluyendo a empresas como Nova Trade Solutions SpA.
El acusado es señalado como parte de una organización criminal que habría cometido delitos de estafa y mal uso de documentos comerciales, así como de prácticas desleales y apropiación indebida. Tanto la Fiscalía como los abogados demandantes argumentan que los delitos imputados son de suma gravedad.
El 30 de agosto de 2024, la jueza Carolina Araya Hernández anuló la medida de prisión preventiva contra Topelberg, sustituyéndola por arresto en su domicilio y restricción de movimientos a nivel nacional. Esta decisión se fundamentó en la supuesta colaboración del acusado con la investigación y su pago de $400 millones como posible atenuante contemplado en el artículo 11 Nº7 del Código Penal.
No obstante, Nova Trade Solutions SpA ha impugnado esta resolución alegando que no existen fundamentos suficientes para considerar que dichas circunstancias atenuantes son aplicables a Topelberg. En su recurso, los abogados demandantes afirman que “su conducta durante esta investigación no ha sido en absoluto colaborativa” y señalan la ausencia de una “reparación adecuada del daño causado”.
La apelación fue presentada por los abogados de la empresa, Catherine Lathrop, Felipe Solís e Ignacio Zúñiga, en representación de Nova Trade Solutions y otras víctimas del caso.
Un vistazo a nuevos aspectos del caso
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En paralelo, STF Capital Corredores de Bolsa y su antiguo gerente general Luis Flores, quienes recibieron sanciones económicas de parte de la CMF, han solicitado la anulación de dichas consecuencias debido a supuestas irregularidades en la investigación.
En agosto de 2023, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) multó a STF Capital Corredores de Bolsa SpA con 13,500 UF, equivalentes a más de $486 millones de pesos, y la revocación de su Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores. Estas medidas fueron tomadas debido a la divulgación de información falsa al mercado, al público y a la propia CMF, así como la realización de operaciones ficticias y otras conductas irregulares.
Por otra parte, Luis Flores, antiguo gerente general de la corredora, fue multado con 10,800 UF (aproximadamente $389 millones de pesos) y se le prohibió ejercer cargos directivos o ejecutivos en entidades fiscalizadas por la CMF durante cinco años. Esta sanción se debe a su participación en la divulgación de información falsa y la ejecución de operaciones mientras la corredora estaba suspendida.
Según documentos presentados por Flores y STF, los testimonios y la fiscalización de los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos indican que se siguió una estrategia clara que no estaba alineada con la defensa de STF ni de Luis Flores, sino que buscaba proteger otros intereses, particularmente los de los hermanos Sauer y sus abogados.
Además, en un escrito defendido por el abogado Felipe Barruel se cuestiona la verdadera razón detrás de las sanciones impuestas a Luis Flores. Se plantea que, si se valora de forma justa, dichas sanciones deberían reflejar la colaboración de Flores en el proceso de reconocimiento de los hechos. Asimismo, se sugiere una revisión justa de la multa impuesta a STF.
“Si no se revierte la sanción, el sistema de delación compensada, crucial para la resolución de controversias, podría verse perjudicado. El uso indebido de este mecanismo por parte de ciertos involucrados puede desvirtuar su propósito y socavar la integridad del sistema”, concluyó.