Reforma judicial para seleccionar jueces a través de votación popular
Transformación en la selección de jueces por medio del voto popular
Recientemente, la Cámara de Diputados de México aprobó una controvertida reforma en el sistema judicial propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma busca, entre otros objetivos, que todos los jueces del país, desde los de primera instancia hasta los titulares de la Corte Suprema, sean elegidos a través del voto popular. Además, se reduce el número de jueces de la Corte Suprema de 11 a nueve, limitando su mandato a un máximo de 12 años. En caso de ser aprobada en el Senado, México se convertiría en el primer país donde los magistrados de todos los niveles del sistema judicial son designados por votación popular.
En la actualidad, solo tres países permiten la elección de algunos jueces mediante votación popular: Estados Unidos, Suiza y Bolivia. No obstante, en el caso de Estados Unidos, esto ocurre únicamente en determinados estados y los candidatos deben pasar por el filtro de una comisión judicial antes de ser seleccionados. En Suiza, la elección de jueces por votación popular se lleva a cabo solo en algunos cantones de la confederación. Por último, en Bolivia, solo los miembros de las altas cortes son elegidos de esta manera desde que la reforma entró en vigor en 2011, generando serias controversias.
Desafíos y controversias en torno a la selección de jueces por voto popular
Ante las críticas sobre los posibles riesgos de politización del sistema judicial y la amenaza a la necesaria separación de poderes en todo sistema democrático, el presidente mexicano y su sucesora han defendido que a través de este proceso electoral se logrará un sistema judicial más justo e independiente que el actual. Sin embargo, esta afirmación genera dudas, ya que existe un riesgo evidente de politización durante las campañas para la elección de jueces, lo que podría limitar en lugar de proteger la independencia judicial. Además, es posible que los candidatos sean cooptados por organizaciones criminales, lo que añade un nivel adicional de complejidad a esta propuesta.
Riesgos asociados a la elección de jueces y la independencia judicial
Introducir la lógica del voto en la selección de los miembros del sistema judicial implica el riesgo de priorizar la popularidad de los candidatos en la ciudadanía por encima de su capacidad real y la seriedad de su labor. Según la Asociación Internacional de Abogados, “la independencia del poder judicial es fundamental para el Estado de Derecho, ya que garantiza la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento adecuado de la democracia”. Por tanto, es crucial que los países protejan estos principios en todo momento.
Desafíos de confianza en los sistemas judiciales regionales
La confianza en los sistemas judiciales ha disminuido en la mayoría de los países de la región, siendo especialmente preocupante en Chile. Estadísticas recientes indican que un 82% de la población encuestada no confía en el sistema judicial y solo un 10% lo evalúa positivamente. Este panorama se refleja en diversos estudios de opinión, como la última encuesta CEP que sitúa al Poder Judicial entre las instituciones estatales con menos niveles de confianza. Solo un 15% de la población confía en los tribunales y un 14% en el Ministerio Público.
Reformas necesarias para fortalecer la independencia judicial
En lugar de apostar por la elección de jueces a través del voto popular, como se está implementando en México, es esencial promover reformas que garanticen la independencia y la imparcialidad de los procesos judiciales, limitando la discrecionalidad de los magistrados. Recuperar la confianza no radica en someter al Poder Judicial a la lógica electoral, sino en mejorar la transparencia en los nombramientos y asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia de manera equitativa.