Decisión de Comisión de Ética respecto a entrega de expediente a ministra suspendida Vivanco durante proceso de remoción
Rechazo de solicitud de expediente a ministra suspendida Vivanco
Tras la comunicación del presidente de la Corte Suprema sobre la apertura de un cuaderno de remoción a la ministra Ángela Vivanco, la defensa, encabezada por los abogados Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez, solicitó la entrega del expediente de la investigación realizada por la Comisión de Ética del organismo.
La petición se basó en la relevancia de los antecedentes revisados durante el proceso, los cuales habrían influido en la decisión del pleno de la entidad con respecto a la situación de la magistrada.
No obstante, la respuesta a esta solicitud, según información obtenida por La Tercera, fue un rotundo rechazo por parte de la Comisión de Ética liderada por Blanco y conformada también por las ministras Andrea Muñoz y Gloria Ana Chevesich.
La resolución emitida por la Comisión enfatiza en la estricta reserva que debe mantenerse sobre los asuntos y documentos relacionados con sus actuaciones, haciendo referencia al artículo vigésimo del acta N° 262-2007.
Contenido extra sobre la decisión:
La negativa a entregar el expediente completo puede dificultar la defensa de la ministra suspendida, generando incertidumbre sobre el proceso en curso y las garantías necesarias para un adecuado procedimiento legal.
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La Comisión solo aceptó proporcionar una copia de la declaración realizada por la jueza suspendida ante dicho comité, tal como establece el documento presentado.
Los abogados a cargo expresaron su confianza en que la Corte Suprema reconsidere la decisión de la Comisión Ética, destacando la importancia de tener acceso al expediente para garantizar un proceso justo y equitativo.
Esto plantea un desafío para la defensa, ya que la falta de acceso a los antecedentes recopilados podría afectar la posibilidad de afrontar con transparencia las acusaciones formuladas en su contra.
Reflexiones adicionales sobre la situación:
La incapacidad de acceder a la información relevante en el proceso de remoción podría representar una seria limitación en el ejercicio del derecho de defensa, vulnerando principios fundamentales de justicia y derechos humanos.