La importancia de la propiedad intelectual en la innovación y el futuro
La relevancia de la propiedad intelectual en el desarrollo y la perspectiva
El Senado ha tomado una decisión acertada al abrir la discusión sobre el Proyecto de Ley de Transferencia Tecnológica, el cual fue aprobado sin mayor debate en la Cámara de Diputados. La propiedad intelectual (PI) desempeña un papel fundamental en el sistema de innovación, permitiendo la apropiación de los conocimientos generados, facilitando su transferencia y comercialización. Sin un marco que incentive el uso de las herramientas de PI, el país podría desaprovechar las escasas inversiones en investigación. Por lo tanto, resulta crucial establecer una legislación que armonice el tratamiento de los fondos públicos vinculados a la I+D+i y fomente activamente el registro de patentes. El actual Proyecto de Ley de Transferencia Tecnológica en el Congreso representa una oportunidad para impulsar un salto en el desarrollo.
Para comprender la relevancia de esta iniciativa, es necesario entender que las patentes reflejan el esfuerzo innovador de un país y la madurez de sus sectores industriales. Dado que existe una estrecha correlación entre el número de patentes y el crecimiento económico, estas son consideradas en rankings e índices a nivel internacional. En el contexto latinoamericano, Chile ocupa el tercer lugar en solicitudes de patentes tras Brasil y México, ascendiendo al segundo lugar ajustando las solicitudes por cada 100 mil millones de dólares o por cada millón de habitantes. Sin embargo, las cifras chilenas siguen siendo modestas en comparación con los países de la OCDE, con aproximadamente 400 solicitudes de patentes al año.
Por tanto, es necesario implementar dos cambios clave en el proyecto en proceso.
La nueva normativa debería establecer que en caso de no protegerse los desarrollos financiados con fondos públicos (por ejemplo, universidades, empresas, entidades públicas o fundaciones) mediante patentes, el derecho de registro pasa a los inventores o investigadores, y en caso de renuncia por parte de estos, el derecho se transfiere a la entidad financiadora. Esta disposición, conocida como cadena de apropiación, está presente en países como Alemania, Japón, Suecia, Filipinas, Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, EE.UU. y España. Una medida como esta aseguraría que los frutos de la investigación financiada por toda la sociedad chilena no caigan en dominio público, como lo propone el proyecto actualmente.
Una perspectiva adicional sobre el tema
En los últimos años, los investigadores universitarios han reportado cerca de 400 inventos con potencial de patentamiento a sus instituciones, aunque en conjunto estas no superan las 120 solicitudes anuales en promedio. Es evidente que esos más de 250 inventos podrían ser aprovechados por los propios creadores para alcanzar otro objetivo del proyecto, cual es que los investigadores puedan crear empresas de base científico-tecnológica. Un estudio reciente realizado por la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de PI de la Unión Europea concluye que “las startups europeas que solicitan patentes y/o marcas durante sus etapas iniciales o de crecimiento temprano tienen hasta 10,2 veces más probabilidades de obtener financiamiento de inversores.”
El segundo cambio que se requiere es que la ley establezca un marco legal uniforme para todos los fondos públicos destinados a la I+D+i, garantizando la existencia de reglas consistentes en el tratamiento de la PI. El proyecto actual sólo contempla los fondos entregados por la ANID a instituciones de educación superior y personas naturales, dejando de lado gran parte de los recursos destinados a la investigación y desarrollo.
Al unificar y coordinar la gestión de la PI en todos los fondos públicos (como Corfo, Ministerios de Ciencia, Defensa, OO.PP.), se evitarían duplicidades, se mejorarían la eficiencia del gasto y se medirían de forma más efectiva los resultados de la investigación, obteniendo así un mayor retorno de la inversión en I+D+i. Con un marco de este tipo, se espera que la tasa de patentamiento en Chile y en el extranjero se incremente significativamente, fortaleciendo la posición del país en el ámbito de la innovación global. Esta legislación facilitará la transferencia de tecnología desde los centros de investigación hacia la industria, estimulando la creación de nuevos productos y servicios que impulsen la competitividad de las compañías nacionales en el mercado internacional. Proteger los avances financiados por la sociedad a través de patentes es la mejor manera de servir al bien común.
Por Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, abogado