Tomás de la Maza: compromiso fiscal y desarrollo económico
En los próximos días, el Presidente Boric sancionará una ley que impulsa la responsabilidad y la transparencia en la administración financiera del Estado. Este proyecto fue propuesto inicialmente por el Presidente Piñera en septiembre de 2021 y recibió luz verde del Congreso en julio de este año. Representa un gran avance para nuestra estructura fiscal, especialmente porque se basa en acuerdos amplios y un respaldo técnico significativo en un contexto donde estos son escasos.
Hace poco más de dos décadas, siguiendo las sugerencias del FMI, el Ministerio de Hacienda instauró el uso de un indicador de Balance Estructural, estableciendo una meta de superávit estructural del 1% del PIB. Posteriormente, con la Ley de Responsabilidad Fiscal, este indicador se formalizó en la legislación, creando además dos fondos soberanos, consolidando así un mecanismo de política fiscal claro y confiable, además de aumentar los ahorros fiscales. Posteriormente, se creó el Consejo Fiscal Asesor, que más tarde se transformaría en el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), y el acceso a la información financiera del Estado se volvió más ágil, reforzando el compromiso con la responsabilidad fiscal. La crisis del Covid-19 puso a prueba este sistema, que respondió adecuadamente. Los esfuerzos constantes por mantener la regla permitieron expandir el gasto cuando fue necesario. La disciplina fiscal tuvo sus recompensas.
Fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas
No obstante, los logros obtenidos también trajeron señales de alerta. Déficits recurrentes aumentaron los niveles de deuda y redujeron los ahorros, haciéndonos más vulnerables ante futuras crisis. En este panorama, la nueva ley introduce un ancla de deuda a mediano plazo y establece cláusulas de escape que permiten desviarse de las metas en situaciones económicas y sociales especiales. La ley obliga a la autoridad a especificar sus objetivos respecto a la deuda pública de forma clara y simple, y otorga flexibilidad para enfrentar crisis, pero exige una senda de convergencia. Con esto, se consolidan los aprendizajes de las últimas dos décadas, mejorando el sistema, aumentando la transparencia y la rendición de cuentas, y preparándonos para los desafíos futuros.
Hace más de veinte años, y siguiendo las recomendaciones del FMI, el Ministerio de Hacienda propuso la utilización de un indicador de Balance Estructural, fijándose una meta de superávit estructural del 1% del PIB. Más adelante, con la Ley de Responsabilidad Fiscal se incorporó formalmente este indicador a la legislación, y se crearon dos fondos soberanos, consolidando así un instrumento de política fiscal transparente y fiable, al tiempo que permitió aumentar los ahorros fiscales. Luego vendría la creación del Consejo Fiscal Asesor -más adelante Consejo Fiscal Autónomo (CFA)- y el acceso cada vez más ágil a la información financiera del Estado, reforzando el compromiso con la responsabilidad fiscal. Las consecuencias rápidamente se hicieron notar.
Los desafíos del crecimiento económico
Es un avance considerable, pero no es suficiente. Aunque la nueva institucionalidad sea sólida, solo define las reglas del juego. Mientras celebramos estos avances, nuestro crecimiento en los últimos diez años ha sido alrededor del 2% y las proyecciones no son optimistas. El CFA ha señalado que las presiones del gasto social y un crecimiento económico moderado hacen que las metas fiscales a mediano plazo sean “desafiantes”. La capacidad de recuperar nuestros ahorros y financiar de manera responsable las numerosas necesidades del país depende de esto.
Con esta nueva ley podemos celebrar que en los últimos veinte años hemos construido una sólida institucionalidad fiscal, ahora solo falta retomar el camino del crecimiento.
Por Tomás de la Maza, investigador CEP