Preocupación por el incremento del gasto en subsidios por bajas laborales
En los años 90, estudios mostraron preocupación por el continuo aumento en el gasto de subsidios por incapacidad laboral (SIL) para trabajadores con licencia médica. Con el paso del tiempo, esta situación únicamente ha empeorado; en el año 2000, el gasto era de 392 mil millones de pesos y para 2022 ascendió a 3,2 billones, lo cual implica un crecimiento del 716%. En 2014, este gasto representaba el 0,6% del PIB, pero para 2022 subió al 1,2%, duplicándose en casi una década. Dado que estos subsidios son financiados por las cotizaciones de salud obligatorias, el mayor uso de licencias médicas se traduce en un incremento del ausentismo laboral, impactando negativamente en la productividad y en los recursos destinados a la prevención y tratamiento de salud.
Este problema refleja diversas fallas: la salud de la población no ha empeorado al mismo ritmo que el uso de SIL; el uso y gasto en SIL de los beneficiarios de Fonasa es consistentemente superior al de aquellos en Isapres, lo mismo ocurre con los trabajadores del sector público respecto al sector privado. ¿Qué aspectos normativos explican estas diferencias? En Fonasa, no hay una contraloría médica; las licencias son autorizadas por un tercero (Compin), que no cubre los subsidios relacionados. Asimismo, los empleados del sector público reciben el 100% de su salario sin ningún límite y sin esperar tres días, en contraste con sus pares del sector privado.
Análisis de grupos emisores y cotizantes
Un dato relevante es que un pequeño grupo de emisores y cotizantes explica una parte considerable del gasto. Aunque los pacientes con enfermedades graves que incurren en altos costos son una minoría, la concentración de emisores es un factor menos justificable.
Además, aumenta la probabilidad de abuso y fraude, ya que las posibilidades de sanción son bajas o inexistentes, especialmente para aquellos falsos pacientes. Factores estructurales del sistema también promueven un uso excesivo y desincentivan el regreso al trabajo; por ejemplo, la cobertura indefinida del 100% del salario mientras que otros beneficios, como los seguros de invalidez y cesantía, sólo cubren el 70%. También, licencias menores a 11 días muchas veces se extienden debido a esta situación.
Propuesta legislativa en marcha
Actualmente, se debate en el Congreso un proyecto de ley para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones, lo cual es un progreso positivo pero aún insuficiente. Es crucial abordar la redefinición de varios aspectos estructurales del beneficio en cuestión, los cuales deben ser incluidos en la reforma al sector salud que el gobierno debe presentar a la legislación este semestre. Hemos recopilado nuevas evidencias y experiencias previas para desarrollar propuestas que abordan estos problemas, presentadas este 2024. Se espera que estas recomendaciones sean tenidas en cuenta e integradas.
Por Soledad Hormazábal, Horizontal; Manuel Inostroza, UNAB; Héctor Sánchez, UNAB; y Carolina Velasco, IPSUSS, USS