Inician gestiones para registro de beneficiarios finales
Este martes se dio inicio a la discusión del proyecto que establece el Registro de Beneficiarios Finales en la Comisión de Hacienda del Senado. Presentada a finales de 2023 como parte del paquete legislativo de alta prioridad, esta propuesta tiene como meta aportar mayor claridad y transparencia a quienes realizan transacciones en Chile, ya sean con entidades públicas o privadas.
“El proyecto busca ofrecer claridad en la información con el fin de identificar y, de ser necesario, perseguir actividades ilícitas. Con esta herramienta es posible combatir el crimen organizado, evitar actos de corrupción, reducir el conflicto de intereses en instituciones públicas y favorecer la cooperación y coordinación para prevenir el lavado de dinero”, señaló el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Objetivos del Registro de Beneficiarios Finales
La tramitación de esta iniciativa contempla la creación del Registro para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, evitar el mal uso de figuras jurídicas para defraudaciones, colaborar en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y permitir el cumplimiento de otras responsabilidades legales, tales como los pagos de pensiones alimenticias. Este registro será gestionado por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Cometer un crimen financiero a menudo involucra el uso de estructuras corporativas complejas. Este Registro pretende desarticular esas estructuras, identificando a los beneficiarios reales de dichas empresas. Además, se busca que las obligaciones fiscales y el cumplimiento de otras normativas también se vean beneficiadas mediante una mayor transparencia.
Requisitos y Alcance de la Iniciativa
Según lo detallado por Hacienda en un comunicado, si la legislación es aprobada por el Congreso, se exigirá que los beneficiarios finales de entidades legales reporten sus datos. Las entidades sin personalidad jurídica también estarán obligadas a hacerlo, aunque en el caso de asociaciones sin fines de lucro, esto solo aplicará si contratan con el Estado o reciben fondos públicos.
La implementación de este registro no solo afecta a las empresas, sino también a organizaciones y asociaciones que presenten vínculos financieros con el Estado. La obligación de reporte asegura un nivel de transparencia que, en última instancia, beneficia a la sociedad al incrementar la confianza en las instituciones públicas y privadas.