Cambios en el sistema de pensiones
Este miércoles, el gobierno presentó a la Comisión de Trabajo del Senado una nueva propuesta con el fin de avanzar en la reforma de pensiones. El documento contiene 45 puntos que representan las propuestas sistematizadas de los últimos cuatro meses de discusión legislativa. En relación a uno de los temas más controvertidos entre el gobierno y la oposición, el ministro de Hacienda manifestó que del incremento de seis puntos en la cotización, cinco puntos se destinarían al ahorro en las cuentas individuales, y un punto se asignaría para proveer un beneficio continuo que compense a las mujeres por su mayor esperanza de vida.
Según la nueva propuesta del gobierno, de los cinco puntos de cotización destinados al ahorro individual, se planea que de manera temporal durante dos décadas, dos puntos de cotización sean invertidos en un préstamo solidario para financiar beneficios tanto para pensionados actuales como futuros. Se trata de un instrumento financiero transferible, inscripto en nombre del afiliado, que generará un interés de 2% a 3% sobre la UF, siguiendo una mecánica similar a los bonos de reconocimiento.
El préstamo solidario sería registrado en las cuentas individuales y respaldado por un activo, similar a cómo se invierte en instrumentos de renta fija. Además, al ser emitido por un fondo parecido al seguro de cesantía, su pago provendría de las contribuciones fiscales acumuladas para cumplir con los compromisos futuros. De este modo, la propuesta del gobierno aborda las críticas de no incrementar la deuda pública y evita que sea una cuenta nocional.
Estos fondos se destinarían a otorgar un beneficio de 0,1 UF por año cotizado a partir de los 5 años, aumentando gradualmente el requisito hasta alcanzar 10 años. En cuanto a los posibles beneficiarios, la mesa técnica de pensiones, creada por la Comisión de Trabajo del Senado, identificó que los sectores rezagados corresponden a individuos con más de 20 años de cotización. Sin embargo, esta fórmula insiste en otorgar beneficios a partir de los cinco años, cuando esos grupos ya disfrutan de altas tasas de reemplazo debido a la Pensión Garantizada Universal.
Detalles adicionales de la propuesta
Por otra parte, la propuesta asigna un punto de cotización para compensar a las mujeres por su mayor esperanza de vida, conocido también como el “bono tabla”. No obstante, los técnicos han señalado que el costo del bono tabla es significativamente inferior a un punto de cotización, algo que el Ejecutivo deberá corroborar en función del valor de mercado.
En otras áreas del documento, el gobierno plantea temas que no lograron consenso técnico, como permitir la participación del Estado en la administración de inversiones (AFP estatal) y proponer la licitación de afiliados. Asimismo, se insiste en elevar la Pensión Garantizada Universal a $250,000, aunque la comisión técnica recomendó vincularla con la línea de pobreza. Esto podría desincentivar la participación de adultos mayores en el mercado laboral y empleos formales, contraviniendo los objetivos de la reforma.
A pesar del esfuerzo del Ejecutivo por incorporar opiniones de sectores opositores y las expectativas de la ciudadanía sobre la distribución de los seis puntos de cotización, la propuesta enfrenta varios desafíos que requieren un análisis detallado. Por ahora, los beneficios propuestos necesitan una mejor focalización, y será necesario clarificar los costos efectivos de la inversión en el préstamo. No obstante, existen otros aspectos de la propuesta que carecen del respaldo de la comisión técnica y que deben ser revisados más a fondo.
Consideraciones finales
En la última década, hemos observado los efectos adversos de las reformas que ignoran los consensos técnicos. El Ejecutivo tiene la autoridad exclusiva en materia previsional, a pesar de la frecuencia de retiros anticipados de fondos de pensiones. En este contexto, una solución que lleve a una distribución de la cotización adicional en el largo plazo de cinco puntos para la cuenta individual y uno para “reparto” parece un avance aceptable para destrabar las negociaciones. Sin embargo, esto debe ser compatible con la idea de que el Ejecutivo debe liderar el proceso con propuestas que cuenten con un mayor consenso técnico, promoviendo la convergencia y no la división de posiciones.