Artículo de María Elisa Morales sobre el derecho al consumo insostenible
En un planeta cada vez más consciente de los problemas ambientales, los derechos del consumidor se presentan como un campo esencial, aunque aún subdesarrollado, para enfrentar la crisis climática. En Chile, al igual que en numerosos países, las leyes que protegen a los consumidores casi nunca consideran el impacto ambiental de sus elecciones de compra. Este “derecho al consumo insostenible” no solo mantiene un ciclo de producción y consumo que no es sostenible, sino que también mina los esfuerzos globales para controlar el cambio climático a niveles aceptables.
Los últimos informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) establecen que limitar el calentamiento global a 1,5 °C es esencial para evitar consecuencias catastróficas en el clima, la biodiversidad, el suministro de agua y la seguridad alimentaria. Sin embargo, las políticas actuales prevén un aumento mayor, lo que muestra una desconexión preocupante entre la urgencia climática y las medidas concretas adoptadas.
El impacto del consumo en las emisiones de GEI
Dentro de este contexto, los derechos del consumidor juegan un papel crucial al regular uno de los sectores más significativos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se estima que cerca de dos tercios de las emisiones globales provienen de actividades relacionadas con el consumo, desde la producción de bienes hasta su uso y descarte. Cambiar las decisiones de consumo podría generar impactos significativos. Según un reporte del IPCC sobre mitigación del cambio climático, se pronostica que modificar las decisiones de consumo podría reducir las emisiones de carbono globales entre un 40% y un 70% para 2050. Este tipo de transformaciones requieren políticas públicas que se conviertan en regulaciones que promuevan un sistema más sostenible.
En Chile, las leyes actuales, predominantemente la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC), no cubren adecuadamente las implicaciones ambientales del consumo. Ejemplos como la garantía legal de triple opción y el derecho de retracto incitan a un modelo de consumo lineal, que estimula la compra rápida, el uso y el descarte sin tener en cuenta las repercusiones a largo plazo en el medio ambiente. Este enfoque se distancia de las iniciativas más avanzadas de la Unión Europea que, desde 2008, ha apoyado las políticas de consumo sostenible de la ONU y ha implementado su propio Plan de Acción para la Economía Circular desde 2015, con un nuevo plan en 2020. Estas iniciativas europeas contemplan requisitos sobre la durabilidad de productos, información sobre reparaciones, diseño ecológico, la promoción de actividades de reutilización y la gestión de residuos, entre otras medidas. A nivel nacional, algunos países europeos como España están progresando con propuestas de leyes específicas, como la ley sobre Consumo Sostenible, con el objetivo de combatir el greenwashing, desarrollar índices de reparabilidad y establecer el derecho a reparar como un principio básico.
Nuevas políticas en Chile
En Chile, se está empezando a considerar la idea de un derecho al consumo sostenible. No podemos continuar con un modelo que refuerce los derechos del consumidor sin considerar la crisis climática y las repercusiones del consumo. Es imperativo implementar políticas y leyes que fomenten un consumo sostenible, integrando consideraciones ambientales desde el diseño hasta el fin del ciclo de vida del producto.
Por María Elisa Morales, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile